En un operativo conjunto entre la Fiscalía General, Migración Colombia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), adscritas al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se dio un golpe a una red de tráfico de migrantes.
Los capturados son señalados de gestionar registros civiles y otros documentos de identificación a extranjeros para hacerlos pasar como colombianos y facilitarles el tránsito a territorio estadounidense.
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Indicó al respecto la Fiscalía que los detenidos fueron Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes Sining, a quienes una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público; y el funcionario de la Registraduría en El Carmen de Bolívar (Bolívar), José María Romero Ortega, imputado por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático agravado.
De la misma forma se identificó que en el curso de la investigación se acreditó que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, se habrían articulado para contactar a ciudadanos de República Dominicana, tramitarles los papeles necesarios para que figuraran como nacidos en Colombia, y así permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales.
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La intermediación ilícita, al parecer, la realizaban ante registradurías y otras entidades de Cartagena y El Carmen de Bolívar (Bolívar), Valledupar (Cesar), Montería (Córdoba), Sincelejo (Sucre) y Leticia (Amazonas).
El reporte oficial señala que Puentes Sining sería el cabecilla de la organización delictiva, el responsable de transportar y acompañar a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y el encargado de garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos.
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También se identificó que a su vez, Villar Pedrozo estaría involucrada en el traslado de los migrantes. Finalmente, Romero Ortega, al parecer, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
Por disposición del juez de control de garantías los dos particulares deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el funcionario seguirá vinculado a la investigación.
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