La Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, presunto integrante del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien es requerido por una corte del sur de Florida para ser juzgado por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

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La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte tras constatar que se cumplen los requisitos constitucionales y legales para su entrega.

Henao Gutiérrez está procesado ante la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida. La acusación formal, expedida el 15 de febrero de 2023, le imputa cuatro cargos relacionados con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, tentativa de lavado de dinero y participación en una organización transnacional dedicada al narcotráfico.

Según la acusación y declaraciones juradas de agentes de la DEA y fiscales del distrito, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, Henao Gutiérrez habría sido copropietario de un laboratorio de cocaína en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde donde coordinó el envío de cargamentos ilícitos hacia Miami, Florida, y participó en transacciones para lavar al menos $740.000 dólares, dinero que habría sido destinado, en parte, a financiar actividades de un grupo armado ilegal.

La detención provisional con fines de extradición fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación el 25 de julio de 2023 y materializada el 12 de febrero de 2025 por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). En abril de ese mismo año, fue trasladado al Complejo Carcelario de Bogotá.

La Corte constató que Henao está vinculado a al menos 52 procesos penales en Colombia, principalmente por delitos como homicidio, feminicidio, amenazas y concierto para delinquir. Uno de esos procesos está relacionado con el atentado a la Brigada 30 del Ejército ocurrido el 15 de junio de 2021 en Cúcuta, presuntamente bajo órdenes de alias ‘Jhon Mechas’.

Sin embargo, el alto tribunal concluyó que los hechos por los que es solicitado en extradición son distintos, por lo que no se configura una violación al principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in ídem).

Durante el trámite de extradición, la defensa argumentó que Henao Gutiérrez es actualmente guerrillero tercero al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc, denominado Estado Mayor de los Bloques, y que ha sido parte activa de los diálogos de paz con el Gobierno. Según el apoderado, su entrega a Estados Unidos podría afectar las negociaciones en curso dentro del marco de la política de Paz Total.

Sin embargo, la Corte señaló que el requerido no se encuentra acogido al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición ni tiene reconocimiento como excombatiente de las Farc acogido al Acuerdo Final de Paz de 2016. En consecuencia, no es beneficiario de la garantía de no extradición.

En su concepto, la Corte acogió el criterio del procurador segundo delegado para la Casación Penal, quien también pidió concepto favorable a la extradición, pero advirtió que su ejecución debe quedar condicionada a que el país requirente garantice el respeto a los derechos fundamentales del procesado, incluyendo un juicio justo y trato digno.

La defensa, por su parte, se opuso en todo momento, cuestionando la legalidad de una investigación extranjera sobre hechos que habrían tenido origen en Colombia, y denunció falta de pruebas sobre la responsabilidad de su defendido. También alegó que en casos anteriores, como el del excomandante guerrillero Simón Trinidad, las garantías procesales no fueron respetadas.

Aunque la detención con fines de extradición fue ordenada por la Fiscalía desde el 25 de julio de 2023, Willinton Henao Gutiérrez permaneció por 55 días bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia sin ser trasladado de inmediato a un centro penitenciario ni reportado formalmente ante la Corte ni a las autoridades del Gobierno de Estados Unidos. La situación generó cuestionamientos sobre una posible omisión deliberada de información.

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El traslado a un establecimiento carcelario solo se realizó el 9 de abril de 2025, luego de que la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía informara oficialmente que Henao había sido conducido al Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá. El episodio, según denuncias en redes sociales y sectores políticos, podría configurar una obstrucción al cumplimiento del tratado de cooperación judicial con Estados Unidos.

Desde entonces, sectores de oposición han solicitado investigaciones contra los funcionarios involucrados, incluyendo a la Fiscal General de la Nación y a directivos de inteligencia, por presuntamente haber ocultado la ubicación de Henao y dilatado el procedimiento legal exigido para su extradición.

Con esta decisión, el caso queda en manos del Gobierno, al que le corresponde emitir la resolución ejecutiva que autorice o niegue la extradición de Willinton Henao Gutiérrez a los Estados Unidos.

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