La Contraloría General de la República emitió una advertencia ‘especial’ al Ministerio del Interior y a la Universidad de Pamplona, ante el riesgo de que un contrato, suscrito en 2022, no se ejecute en su totalidad, debido a los continuos atrasos que se han presentado.

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De acuerdo con el órgano de control, el contrato se suscribió por un valor de $151.136 millones, con el fin de ejecutar 2 Bancos de Proyectos del Ministerio del Interior para pueblos indígenas; uno de ellos, para financiar iniciativas en fortalecimiento productivo, mujer, familia y generación y gobierno propio; y otro, para el mejoramiento de infraestructura vial para las comunidades de los Pastos y Quillacingas, en el departamento de Nariño. 

“El contrato tuvo fecha de inicio el 8 de agosto de 2022 y un plazo inicial de ejecución de 5 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual fue prorrogado hasta el 31 de agosto de 2023, y posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2023”, detalló el informe de la Contraloría. 

En este sentido, el ente de control precisó que, producto del seguimiento permanente a dichos recursos, se detectaron posibles falencias en los cronogramas establecidos para la ejecución, lo que ocasionó que, aún después de suscribir dos prórrogas y a un año y dos meses de su firma, las comunidades indígenas beneficiarias todavía no reciben la totalidad de los proyectos. 

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“Esto además pone en riesgo a los recursos públicos pues al cambio de anualidad se incrementan los precios, lo que dificultará la ejecución contractual en las mismas condiciones pactadas”, agregó la Contraloría en su informe. 

Adicionalmente, la contratación con la Universidad de Pamplona para la “gestión administrativa, operativa, financiera, de asistencia técnica y de verificación en la implementación de los proyectos presentados por los pueblos indígenas”, se contrapuso a los requisitos para adelantar la contratación directa en el país, dejando en evidencia las posibles deficiencias en la etapa de planeación del contrato 1840, relacionadas con la falta de claridad y suficiencia de estudios previos y estudio del sector.

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Asimismo, encontraron que el Ministerio del Interior determinó una cuota de administración del contrato equivalente al 10% de su valor ($15,131,662,143,20) actualmente destinada a la Universidad de Pamplona, que sobrepasó el monto de recursos establecido en la Resolución No. 339/2021, que pueden ser destinados para estas funciones, cifra que no podía sobrepasar el 3% del valor total del banco de proyectos, que para este caso equivalía a $4,539,498,642,96.

Unipamplona responde

La Opinión consultó a la Universidad de Pamplona, desde donde indicaron que, hasta el momento no han recibido una notificación sobre esta advertencia.  René Vargas Ortegón, gerente de Proyectos de la Unipamplona, señaló que, algunos retrasos se generaron porque el Ministerio del Interior comenzó a viabilizar los proyectos desde finales de octubre del 2022, luego en enero de 2023 y el último entre junio y julio de 2023. 

Asimismo, porque algunas comunidades  tuvieron dificultades con la certificación de la representación legal para poder contratar .

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“La institución como operador lo que hace es recibir los proyectos viabilizados de los diferentes comités técnicos que tiene el Ministerio del Interior y nosotros, una vez nos viabilizan contratamos con las comunidades quienes son las que ejecutan los recursos”, mencionó. 

Vargas indicó que la misión de la universidad era hacer un acompañamiento técnico, financiero y administrativo a las comunidades, más no ejecutar recursos, pues eso es deber de cada población que presentó sus proyectos. 

Así las cosas, Vargas señaló que sí se pidieron las prórrogas, pero esto no representó solicitar recursos adicionales, precisando que, el 99% de los recursos que fueron viabilizados por el Ministerio del Interior,  ya se están ejecutando por las comunidades , y al cierre de la vigencia, la institución reportó una ejecución del proyecto desde el punto de vista financiero del 89,3% y un 95% de ejecución técnica. 

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“Lo que nos falta es poco y reitero, aquí son las comunidades quienes ejecutan, no es la universidad, nosotros hacemos es la supervisión para que, esos recursos que entregó el Ministerio del Interior se ejecuten correctamente”, apuntó. 

Sostuvo que, a finales de este mes, todos los proyectos estarán liquidados.

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