Preocupación por la falta de articulación entre las entidades nacionales que atienden la crisis del Catatumbo desde hace más de 50 días, fue la sensación que dejó el ejercicio de control político que llevó a cabo la Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República, en una sesión especial realizada por primera vez en el seno del Concejo de Cúcuta.
El evento contó con la presencia de la senadora Lorena Ríos, presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, además de las representantes a la Cámara Marelen Castillo y Luz Ayda Pastrana; así como los concejales Carime Rodríguez, Vanessa Arenas, Gimena Camacho, Julián Rolón y Alonso Torres, de la Comisión de la Mujer de la corporación local.
Entre los interpelados se encontraban representantes de los diferentes ministerios y direcciones nacionales, llamadas a responder por la crisis humanitaria derivada del conflicto armado en Cúcuta y el departamento.
Incongruencia en los datos
Uno de los principales cuestionamientos surgió en torno al manejo de las cifras por parte de las diferentes instituciones, especialmente las que tienen que ver con la atención a niños y adolescentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación.
Por ejemplo, en el tema de educación, Gloria Carrasco, viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, señaló que hasta el viernes siete de marzo, de los 46.000 niños que tiene la matrícula de la región del Catatumbo, 42.000 estaban siendo atendidos de manera presencial y dos mil en forma remota, que son casos de niños que siguen en situación de confinamiento en zona rural de los municipios.
Pero la gran inquietud fue en torno al paradero de 2.000 niños, de quienes los rectores de sus colegios no tienen conocimiento.
Sobre ellos se presume que puedan estar desplazados en otros municipios o departamentos, pero no había certezas al respecto y fue lo que llamó la atención de la congresista Pastrana, quien elevó su preocupación sobre los riesgos de reclutamiento, explotación sexual o de trata de esta población.
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Frente a ese vacío, la senadora Lorena Ríos señaló que era una situación que obedecía a “la falta de articulación interinstitucional e intersectorial; debemos tener claro cómo se están realizando los programas y cómo se está previendo la entrega de ayuda humanitaria”.
Por su parte, la representante a la Cámara, Marelen Castillo calificó como “sorprendentes” las respuestas que estaban dando los funcionarios de las diferentes carteras ministeriales presentes en la interpelación.
“Presentan cifras y programas que, al contrastarse con la realidad, generan más dudas que certezas. El papel lo aguanta todo, pero en el Catatumbo la gente sigue desesperada”, dijo.
Añadió que el gobierno no puede seguir “lavándose las manos con discursos y reportes maquillados”, y en consecuencia exigió acciones concretas y urgentes. “El Catatumbo no es un escándalo mediático que se disipa con el tiempo; es una crisis humanitaria que el Estado tiene la obligación de atender de manera seria y efectiva”, apuntó.
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Ríos no desconoce la actuación de la institucionalidad nacional, “pero lo que me preocupa es que no hay un seguimiento, y no hay una claridad de cómo se está acompañando la ayuda humanitaria que implica niños, jóvenes, mujeres, y adultos mayores; eso implica que tiene que haber un mayor control ciudadano para que la plata llegue a donde tiene que llegar”.
Tras este ejercicio, Ríos dijo que “se establecieron unos compromisos puntuales de seguimiento a esta coordinación institucional, para evitar una bomba de tiempo social en nuestro país por causa del conflicto armado”.
¿Qué pasa con Cúcuta?
Uno de los objetivos de esta sesión especial del Congreso en Cúcuta era no solo el control político sobre la atención a la crisis del Catatumbo, sino también evaluar el apoyo de las entidades nacionales a los gobiernos locales que han asumido como primeros respondientes frente al problema.
En este punto también fueron más las inquietudes que quedaron sin respuestas claras para las autoridades locales.
En este sentido, la concejal Vanessa Arenas criticó justamente el abordaje general que se hizo de la crisis humanitaria, sin precisar los aportes que han hecho directamente a la ciudad de Cúcuta.
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“No se habló de cuál va a ser la estrategia para la atención de niños que hoy están desescolarizados, la atención de todas las personas que tenemos residentes en la ciudad producto del desplazamiento, la atención requerida en en ayudas humanitarias, eso es lo que estamos esperando escuchar”, dijo Arenas.
Carime Rodríguez, presidenta del Concejo de Cúcuta, reiteró que el presupuesto del municipio ya no aguanta más, de modo que “las preguntas desde la corporación es cómo el Gobierno le va a devolver al municipio esos recursos que ha gastado”, pero también qué va a pasar cuando mucha de la gente que llegó desplazada decida quedarse en la ciudad.
“Cuánto va a ser el aporte del Gobierno nacional para fortalecer el sistema, por ejemplo, de educación, el sistema de salud, el sistema de vivienda, el sistema del empleo”, dijo Rodríguez.
Ludy Páez, personera de Cúcuta, reiteró la denuncia que ha hecho desde el inicio de la crisis, que tiene que ver con la poca capacidad de respuesta de las entidades nacionales respecto al despacho de ayudas.
“No encontramos cifras concretas frente a la ciudad de Cúcuta, pero sí les dijimos hasta el momento se han recibido 2.074 mercados para cerca de 9.000 núcleos familiares que hay en la ciudad de Cúcuta, eso solo los recibidos por la Personería”, indicó Páez.
Señaló que la reclamación es para una acción efectiva del Gobierno Nacional al que le han solicitado ayuda en subsidiariedad, pues “han sido 2.074 mercados los que se han recibido en 7 semanas que llevamos nosotros de desplazamiento”.
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