Tres meses y ocho días se cumplen hoy desde que empezó a correr el plazo dado por el Tribunal Administrativo de Santander al Ministerio de Ambiente para hacer ajustes a la delimitación de Santurbán, con cero avances y una gestión calificada como deficiente por ambientalistas, defensores del páramo y veedurías.

El 16 de julio la cartera ambiental, presidida por el santandereano Ricardo José Lozano, deberá tener definidos los linderos del páramo, previa participación de las comunidades.

Lo paradójico es que mientras el Ministerio no ha tenido avances e incumplió una visita programada al territorio en enero, sigue la presión de la Sociedad Minera de Santander (Minesa) para obtener una licencia ambiental que le permita explotar oro en Soto Norte. Y, como si fuera poco, el turismo sin control está impactando a Santurbán en Norte de Santander. 

Erwing Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán y uno de los accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 de la Corte Constitucional, que ordenó hacer ajustes a la delimitación teniendo en cuenta la participación comunitaria, argumentó que el ministro Lozano cumplió seis meses en el cargo y “no hemos tenido la primera reunión con él, toda vez que somos voceros legítimos y defensores del páramo”.

Laguna El Cornal, entre los municipios de Silos y de Cácota.

En ese sentido Diego Rueda, fundador de la Mesa de Trabajo Ambiental de Norte de Santander, dijo que “la gestión del Ministerio es deficiente, no vemos que se den pasos para el cumplimiento de la Sentencia, no sabemos quién gerencia los ajustes, solicitamos un organigrama del equipo de trabajo y no lo conocemos”.

De acuerdo con Rueda desde el año pasado se han visto acciones esporádicas y poco coordinadas. “Al termino del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se corrió ajustando el cronograma para cumplir con un requisito, tememos que pase lo mismo y alertamos porque lo que debe existir es un mecanismo real de recepción y consolidación de propuestas”.

Los caminantes hacen fogatas para abrigarse y preparar alimentos en El Cornal.

A las críticas se une el hecho de que la página habilitada por el Ministerio (santurban.minambiente.gov.co) para informar de los avances, no se actualiza desde octubre de 2018.

Fredy Alonso Maldonado Vera, presidente de la veeduría Todos somos Santurbán, de Silos, señaló que antes de esa fecha a la página se subieron documentos en PDF para mantener informados a los actores sociales, entre ellos seis considerados puntos ineludibles en temas como estrategia financiera, reconversión y sustitución de actividades agropecuarias.

“Esta es una estrategia excluyente y poco acertada teniendo en cuenta que los directos involucrados viven en el páramo, zonas donde difícilmente llega la señal y donde no todos tienen la capacidad para leer y comprender esos documentos. El campesinado está en desventaja”.

Presión minera

Este año, Minesa presentó un segundo estudio de impacto ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), buscando obtener el aval para explotar oro en Soto Norte (Santander).

“Causa extrañeza y es reprochable que la Anla haya dado el recibido con el ánimo de dar trámite al estudio”, dijo Rodríguez-Salah.

El defensor del páramo alertó de este hecho y argumentó que hasta que no se tenga la nueva delimitación sigue vigente la hecha en 2014 (Resolución 2090), la cual es acomodaticia para la explotación minera.

“La Corte Constitucional en la Sentencia T-361 dejó un vacío y no ordenó que mientras se hacían los ajustes no se podían otorgar licencias ambientales. El gobierno de Santos hizo claridad en que no se darían, pero el actual presidente, Iván Duque Márquez, no se ha pronunciado frente al tema”.

Autores de la propuesta alternativa. Luis Jesús Gamboa y Alix Mancilla, del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán; Julia Figueroa, presidenta del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y Erwing Rodríguez-Salah.

Impacto del turismo

En 2016, comenzó de forma no organizada y creciente el turismo a la Vereda Ranchadero del municipio de Silos, donde está el área de Lagunas Verdes, conformada por tres imponentes humedales de origen glacial.

La zona de acuerdo con el vocero Maldonado está en límites con el municipio de Vetas (Santander). “Allí les están poniendo límites a las empresas turísticas, dándose una migración al complejo lagunar en Norte de Santander”.

Recientemente las caminatas sin control y en grupos numerosos se extendieron al complejo lagunar Antalá, impactándose la laguna El Cornal, en límites con Cácota. “Se están haciendo quemas en cercanías de las lagunas, hay basuras y el equilibrio del suelo se afectó”.

La comunidad notificó al Ministerio de Ambiente y a Corponor como autoridad ambiental regional. Sin embargo, las acciones de contingencia son competencia de los municipios y según Maldonado, no hay interés en conservar.

Propuesta Alternativa

Rodríguez-Salah, integrante del Comité para la Defensa del Agua y Santurbán, dio a conocer que como parte del derecho a la participación que les concedió la Corte Constitucional, el 19 de noviembre de 2018, radicaron ante el Tribunal Administrativo de Santander una propuesta alternativa de delimitación, producto de más de 10 meses de trabajo con el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y expertos en páramos.

Dicha propuesta busca evidenciar los vacíos en la política de protección de páramos y exigir el cumplimiento de los derechos a la participación e información, entre otros.

La propuesta se basa en cuatro enfoques. El primero aborda al complejo de páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín desde el principio constitucional de prevalencia del interés general sobre el particular. 

El segundo propone un estudio para establecer el ordenamiento, protección y capacidad de retención de agua. “La propuesta alternativa incluye un estudio hidrogeológico que no tuvo en cuenta la delimitación de 2014”.

En tercer lugar hay una guía metodológica para consolidar y socializar la propuesta alternativa. Finalmente se da una mirada territorial a campesinos y a mineros, buscando su permanencia y que sean beneficiados de programas de reconversión y de sustitución eficaces.