Los trabajos para habilitar el paso por la carretera Cúcuta-Ocaña en el sitio El Tarrita, donde una avalancha gigantesca borró del mapa el caserío, destruyó puentes y dejó sin viviendas y cultivos a unas 330 familias campesinas, avanzan a paso de tortuga, denunciaron moradores de la zona donde ocurrió la tragedia.

Ninguno de los plazos anunciados para la construcción de los estribos de los puentes, el realineamiento de taludes, la remoción de lodo y piedras y el despeje del terraplén en donde quedarán ubicados los pasos provisionales se ha cumplido.

A El Tarrita debieron llegar en la segunda semana de agosto los dos puentes militares y para esa fecha también debieron estar terminados los estribos, tal como lo anunció en su visita a Cúcuta el pasado 31 de julio la ministra encargada de Transporte, María Constanza García,  sin embargo, hasta ayer esto no se había producido.

Damnificados de la avalancha que viven en ranchos de madera en los alrededores del antiguo caserío de El Tarrita denunciaron que al paso que avanzan las obras no será en septiembre, como lo anunció el Mintransporte, sino en diciembre que estén construidos los estribos de los puentes.

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Lo anterior, porque la presencia de obreros del Invías en la zona es muy poca. Tampoco, dos meses y medio después de la avalancha, esta entidad ha procedido a evacuar la laguna que se formó sobre la carretera que conecta con el sitio donde quedarán ubicados los puentes militares.

“El Gobierno Nacional no le ha dado la importancia que merece la región, dado que se está trabajando a un ritmo como si aquí no hubiera pasado mayor cosa, como si toda una región no estuviera incomunicada y como si fueran pocas las pérdidas sufridas por tener la carretera bloqueada”, dijo Aliro Tarazona, líder del municipio de Ábrego.

Lo preocupante del asunto es que hace cinco días dos líderes de El Tarrita ascendieron de nuevo a la vereda El Molino, en Villa Caro, que fue de donde se desprendió el pasado 31 de mayo la avalancha al romperse el dique que había formado un gigantesco deslizamiento de tierra, y advirtieron que de nuevo se está represando la laguna por otros deslizamientos de tierra que se han desprendido de la montaña.

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“Si a esto no se le presta atención es inminente que de nuevo tengamos que sufrir una avalancha”, dijeron líderes de El Tarrita.
 

Sobre esta advertencia, también allá en la zona están a la espera que arriben los técnicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que anunció el director de la entidad, Olmedo López, conjuntamente con los expertos del servicio Geológico Colombiano para levantar el mapa de riesgos de El Tarrita y veredas aledañas.

“Nadie se ha hecho presente y los días pasan mientras que en Quetame, Cundinamarca, ya los puentes están instalados y llegó toda la ayuda que se necesitaba”, lamentaron las comunidades damnificadas.

La Opinión llamó a las oficinas de Prensa del Invías y el Ministerio de Transporte para indagar por el retraso de los trabajos en El Tarrita, pero ninguna de las entidades se quiso pronunciar.

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Los gremios económicos de Norte de Santander afirmaron la semana pasada que las pérdidas arrojadas por el bloqueo vial superaban los 33.000 millones de pesos, representados en costos adicionales por fletes y por el alargue de los tiempos al tener que usar la vía Cúcuta-Buramanga-Costa Norte.

Monitoreo continúa

La Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y en articulación con las Alcaldías Municipales y las Entidades Operativas del Sistema de Riesgos continúa con las labores de monitoreo y respuesta a la emergencia registrada el pasado mes de mayo en el municipio de Ábrego.

Como parte de la gestión de la Gobernación, se activó al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de desastres, en representación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Con una inversión total superior a los $6.000 millones de pesos la Gobernación continúa articulando las acciones de respuesta con las alcaldías municipales para atender las necesidades que han surgido por las afectaciones que se generaron en la emergencia, representados en $750 millones como apoyo logístico a las familias, $282 millones para subsidios de arriendo, $900 millones como apoyo para el fortalecimiento de los organismos de socorro con presencia en el departamento, $1.457 millones para la infraestructura vial de los puentes afectados, $2.022 millones para la adecuación de infraestructura educativa, $741 millones en maquinaria amarilla y $100 millones en Compras Directas de más de 16 toneladas de alimentos a 66 productores.
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