En esa misma intervención, el presidente fue enfático en retirar cualquier señalamiento: “En consecuencia, retiro de manera clara e inequívoca cualquier señalamiento en ese sentido”, y agregó que el funcionario “ha actuado en el marco de sus funciones constitucionales como servidor público”.
Petro también incluyó un pronunciamiento institucional en el que destacó que su administración “respeta y valora la labor de todos los personeros municipales, defensores de derechos humanos y autoridades locales”, especialmente en zonas complejas por el conflicto armado como el Catatumbo.
Esta situación se remonta a meses atrás, cuando el Consejo de Estado concluyó que el presidente y el ministro del Interior, Armando Benedetti, afectaron derechos fundamentales del personero como su buen nombre, honra, seguridad e incluso su vida al hacer señalamientos sin sustento en un entorno de alta vulnerabilidad.
Con esta declaración pública, el presidente cumple con lo ordenado por el alto tribunal, que le exigía retractarse en un escenario oficial y descartar cualquier relación entre el personero de Ocaña y estructuras armadas ilegales.
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