Con 45 casos, Norte de Santander terminó como el departamento con mayor número de secuestros en 2024, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Libremente, un fenómeno que a la luz del recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, podría agudizarse aún más este año.
Eliana Zafra, miembro del Comité Permanente de la Defensa de Derechos Humanos en Norte de Santander, dio constancia de la situación. Señaló que en el registro que llevan desde su organización, desde el 16 de enero, cuando iniciaron los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc, ya han registrado 10 casos de secuestro, nueve asociados a firmantes de paz y uno a una lideresa que ya fue liberada.
Pero adicionalmente se han registrado otros tres secuestros: el de Kevin Patarroyo, un estudiante de Aguachica (Cesar) en Ábrego; el de Jesús Montañez, padre de la alcaldesa de Sardinata y el más reciente, el de Joaquín Villamizar, un líder social de Tibú. Es decir que en los 79 días corridos del año, ya van 13 casos.
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Para Zafra este panorama es consecuencia de la falta de atención institucional desde el 2015 año en el que, de acuerdo con el análisis que vienen haciendo, se han incrementado las bandas de crimen organizado, que generan un mayor escenario de secuestro en el departamento.
Considera que la no implementación del acuerdo de paz lo que hizo fue reforzar a los grupos armados que históricamente han hecho presencia en el territorio; pero además, aseguró que la poca atención que prestan las instituciones a las alertas tempranas es otro de los agravantes.
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La situación en el área metropolitana
Según el estudio de la Fundación Libremente, el secuestro en Colombia en 2023 creció un 111,25 por ciento respecto a 2021. Con 338 casos, fue el año con más delitos de este tipo en los últimos 15 años, y aunque en 2024 bajó a 290, en el detalle el panorama sigue siendo complejo para Norte de Santander, especialmente para el área metropolitana de Cúcuta.
Según fuentes judiciales, en Cúcuta se registraron 12 casos con 17 víctimas en 2024, dos casos más que en 2023, cuando hubo 10 casos y 15 víctimas.
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“Este incremento se genera especialmente por la territorialidad que ejercen los grupos armados organizados en determinadas zonas”, explicó el uniformado, quien añadió que esta mala práctica les permite a los criminales tener plena identificación de personas en zonas de injerencia, así como verificación de patrimonios o actividades económicas.
Destacó que sí se hacen acciones en la lucha contra este flagelo y en este sentido, resalta las operaciones de rescate ejecutadas con éxito.
Sin embargo, para Eliana Zafra hace falta más acción preventiva, así como un mejor desempeño por parte de la Fiscalía de la Nación, toda vez que las principales quejas de los ciudadanos van sobre esta institución, sobre todo por la falta de resultados, en término de establecer responsables y hacer judicializaciones.
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