Pese a que el director del IDS, Fernando Álvarez, asegura que el Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander funciona sin contratiempos y que solo reporta algunos daños de infraestructura que no afecta su operatividad, el presidente del sindicato de la salud del departamento, Arístides Hernández, denunció todo lo contrario.

El líder sindical afirmó que dicho laboratorio se encuentra desacreditado, pero además sus instalaciones hoy no prestan los servicios para los cuales fue habilitado.

Pero no solo esto, también reporta fallas graves de infraestructura que ponen en riesgo la vida de quienes allí laboran. Tiene goteras, los baños están colapsados y el techo se encuentra agrietado y en cualquier momento podría caer, lo que representa un peligro para el personal, precisó Hernández.

Manifestó que, por la mala gestión de sus directivos, el Laboratorio Departamental de Salud Pública de Norte de Santander (LDSP) que está bajo la supervisión del IDS, al parecer, fue cerrado y desacreditado tras una inspección recientemente del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

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“El laboratorio está prácticamente en ruinas. No hay insumos para hacer los exámenes de agua. Los baños están en mal estado y las muestras recolectadas no pueden ser procesadas”, aseguró el veedor de salud.

Según Hernández, el cierre del laboratorio se produjo luego de que el Invima evidenciara múltiples falencias en la infraestructura y el funcionamiento del laboratorio, lo que llevó a la supuesta pérdida de su acreditación oficial.

Una decisión que, para el departamento, según Hernández, implica quedarse sin una herramienta clave para la vigilancia en salud pública, ya que el laboratorio es el encargado de analizar muestras de agua y otros elementos fundamentales para el control sanitario.

Advirtió que hoy la ciudad no cuenta con un laboratorio adecuado ni con los equipos modernos para ejercer la vigilancia y el control para proteger la salud pública de los cucuteños.

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“Al estar cerrado, quedamos desprotegidos frente a situaciones como la calidad del agua que consumimos. Es un tema crítico, porque aquí ya hemos denunciado problemas graves con la calidad del agua, pero no hay recursos ni infraestructura para continuar con las evaluaciones”, precisó.

Hernández añadió que hace rato se vienen denunciando las falencias del Laboratorio de Salud Pública.

“No hay insumos y por eso las muestras que se deben hacer del PAE están suspendidas”, sostuvo haciendo énfasis que se corren riesgo en las pruebas de alimentos que nos dicen que están aptos para el consumo de los niños y de los nortesantandereanos.

Al ser indagado si se han cumplido las observaciones hechas por el Invima y por la Superintendencia Nacional de Salud en el Laboratorio de Salud Pública, el representante del Sindicato de la Salud del departamento indicó que en marzo ya se había dado la primera alerta por Ministerio de Salud, y en octubre el Invima notificó que el laboratorio está sin acreditación. “Es decir, es pirata. Nosotros lo advertimos por escrito y hasta el momento no ha pasado nada”.

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No obstante, al insistírsele que el director del IDS Fernando Álvarez asegura que este laboratorio funciona normalmente, Hernández lo tildó de mentiroso. “Este funcionario inauguró una sede en Ocaña, pero para vender qué si estamos quebrados. El señor está haciendo es política porque quiere aspirar a la Cámara o a la alcaldía de Ocaña, es decir está pensando en el interés personal antes que en la salud de los nortesantandereanos”, dijo el líder sindical.

Hernández dijo que el informe del Invima respecto del funcionamiento del Laboratorio es claro en señalar que éste no cumple y que está desacreditado. Añadió que lo que sí preocupa con lo que está haciendo con el presupuesto del IDS es el abrumador nombramiento de Órdenes de Prestación de Servicios, más de 300, de las cuales no asisten a trabajar la mayoría.

El líder sindical reveló que las omisiones del IDS no solo es con el Laboratorio de Salud Pública, sino también lo fueron con el Hospital Universitario Erasmo Meoz, sobre lo cual mencionó que al departamento que más mal le fue en el pago de los servicios prestados a la población migrante fue a Norte de Santander, que no recibió ni siquiera el 20 por ciento de lo que le debía el Gobierno Nacional, todo porque el IDS  no auditó y certificó a tiempo la información que le remitieron los hospitales para enviar al Ministerio de Salud.

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