Dentro del marco de una mesa de trabajo convocada por el Concejo de Cúcuta para abordar la crisis de salud que agobia a los ciudadanos, autoridades del sector, directivos médicos, veedores y usuarios, se dieron cita en la sede de la corporación, donde mostraron la condición de este ‘paciente’, que se mantiene bajo pronóstico reservado. 

Con el paso de los días la situación del sistema de salud se torna cada vez más crítico y suma nuevas víctimas, pues ya no solo los pacientes los que sufren los efectos del cambio de modelo, sino que se suman los trabajadores de la red prestadora: médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes padecen por la demora de hasta dos y tres meses en el pago de sus salarios. 

La causa detrás de esta enfermedad es la deuda acumulada de las empresas prestadoras de servicio con las diferentes IPS, tanto públicas como privadas, la cual crece permanentemente, como si de un cáncer en etapa terminal se tratara. 

Y es que solo en Norte de Santander, de acuerdo con datos del Instituto Departamental de Salud (IDS), a corte del 30 de julio de 2025, la cartera acumulada solo en deudas de la Nueva EPS y Coosalud -sin contar otras EPS- alcanzaba los $800.179 millones, 39 por ciento de los cuales corresponde a los pasivos en las instituciones públicas.

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Hospital Erasmo Meoz en estado crítico

En medio de la radiografía entregada por los representantes de los establecimientos médicos, el Hospital Erasmo Meoz es uno de los que presenta uno de los estados más críticos. 

Y es que según la información entregada ante los concejales, ese centro de salud tiene una cartera de aproximadamente $589.000 millones, producto del retraso en los pagos de las EPS pero también del Estado, pues uno de los montos que hacen parte de este grueso es el que corresponde al Soat, por medio del cual se cubre la atención de los heridos en siniestros viales, que está por el orden de los $1.600 millones. 

Rafael Olarte, médico epidemiólogo, indicó que entre las razones por las cuales se presenta esta situación es por la cantidad de población migrante que atiende, la mayoría sin ningún tipo de aseguramiento, pero además porque recibe a los usuarios de las EPS intervenidas que van suspendiendo servicios. 

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Esta situación provoca además la sobreocupación en sus diferentes áreas, pero además ha llevado en ocasiones a la suspensión temporal de algunos de sus servicios, como el de oncología, uno de los más sensibles, sin embargo, aclaró Olarte que corresponden a períodos de austeridad.

En el caso de la ESE Imsalud, pese a ser una IPS que presta servicio solo en el primer nivel de complejidad, su cartera asciende a los $41.000 millones, un monto del que muy difícilmente podrán recoger siquiera la mitad, por las mismas limitaciones que se presentan con el hecho de los principale deudores -Nueva EPS y Coosalud- están intervenidos. 

La Nueva EPS, que tiene la cartera más alta, anunció recientemente la puesta en marcha de la primera fase del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, que incluye a 527 empresas del Estado en el país y que podría beneficiar a las entidades en Norte de Santander.  

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¿Qué hacer? 

Además de concluir que el problema es de tipo estructural y que el principal responsable es el Gobierno nacional, los concejales coincidieron en que la solución no está en hacer manifestaciones en la ciudad, sino elevar la queja en Bogotá. 

“Si los antioqueños, los caleños van hasta Bogotá a pedir la solución a sus problemas, los motilones también tenemos que ir  a tocar la puerta”, expresó Carime Rodríguez, presidenta de la corporación. 

Por su parte, el concejal Leonardo Jacome señaló que “no podemos desgastarnos en plantones aquí cuando el problema está más allá”, dijo, a la vez que convocó al gobernador y al alcalde a vincularse en esta iniciativa; mientras que Jair Díaz hizo un llamado de atención a los congresistas, “hay que aprovecharlos ahorita que están en campaña, a ver si se preocupan”, apuntó. 

Al final del encuentro se acordó la conformación de una comisión, entre concejales, veedores y autoridades locales, para plantear directamente la problemática en las instancias correspondientes y exigir soluciones. 

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