Por: Kenny Sanguino Cuéllar. Abogado y estudiante de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Illinois de Chicago.
El 8 de abril, en la Gobernación de Norte de Santander, altos funcionarios de Colombia y Venezuela se reunieron para fortalecer la llamada Comisión de Vecindad e Integración. Durante ese encuentro, el canciller venezolano negó la existencia del Tren de Aragua, pese a que las autoridades colombianas llevan años tratando de hacer frente a este grupo criminal con presencia en múltiples países.
Semanas más tarde, se fugó de una estación de Policía en Cúcuta Juan Carlos Rodríguez Agudelo, alias Zeus. Este mayor retirado del Ejército colombiano había sido capturado con 17 mil cartuchos de fusil que, según una investigación de Noticias Caracol, provenían de la industria militar colombiana (Indumil). El arsenal estaba destinado al Clan del Golfo (ahora llamado EGC). Pero lo más preocupante es que, tras su captura, algunas autoridades facilitaron su fuga. No parece un caso aislado, es una ventana a la relación entre funcionarios y organizaciones criminales.
En el análisis del crimen organizado en la frontera colombo-venezolana, el Estado no se limita a perseguir delincuentes. Hay autoridades que padecen la violencia de grupos criminales; hay otras que niegan su existencia mientras el gobierno vecino lo enfrenta; hay otras que facilitan el suministro de munición a un grupo criminal; y otras que, en vez de evitar una fuga, la facilitan.
Conozca: Hallan cadáver en lote baldío del barrio Cumbres del Norte de Cúcuta
En lugar de anarquía, estamos en presencia de una gobernanza criminal donde grupos ilegales controlan partes del territorio, y gestionan relaciones económicas y políticas con instancias estatales. De esta forma, la interacción entre grupos criminales y autoridades públicas no se limita a la confrontación, sino también a la coexistencia o incluso a la colaboración.
El presidente Gustavo Petro reconoció en octubre de 2022 algo que en la frontera todos saben: “uniformados y funcionarios, de allá y de acá, están cobrando comisión”. El contrabando, la extorsión y las “colaboraciones” entre agentes del orden y organizaciones criminales no son asunto de rumores, sino parte del día a día en las trochas. La novedad no fue el hecho, sino que lo dijera la máxima autoridad del país. Así como tampoco es una novedad que el Eln ha ganado en control territorial en los últimos años en Colombia y goza de buen trato en Venezuela.
Por esto, en el área metropolitana de Cúcuta confluyen diversas violencias. Las que vienen del corredor fronterizo, las que llegan del Catatumbo y las que están instaladas al interior de la ciudad. En cada ámbito, las autoridades adoptan papeles distintos: algunas luchan contra el crimen (por ejemplo, los recientes ataques a uniformados en distintas zonas del Catatumbo), otras se limitan a coexistir con él (una muestra son las autoridades en la línea fronteriza) y otras más participan directamente (el caso de corrupción en la fuga de Zeus).
¿Cuál es el rol que tienen las medianas y las altas autoridades en estas dinámicas de violencia? ¿Cómo se han visto afectadas élites económicas y políticas con el control territorial de estos grupos criminales? ¿Han estado en permanente conflicto o han logrado desarrollar estrategias de colaboración?
No se lo pierda: Habría apuñalado a su compañera sentimental en el barrio Belén de Cúcuta
No son preguntas retóricas. Casos como el de TD Bank merecen atención, pues resulta extraño que en cajeros automáticos de Cúcuta se hayan retirado más de 150 millones de dólares y esto no haya llamado la atención de autoridad alguna. Los cristalizaderos de cocaína que se descubrieron este año en la zona metropolitana de Cúcuta… y los que están por descubrirse. Personajes capturados en barrios residenciales vinculados a grupos terroristas como Hezbolá. Élites políticas y contratistas públicos encarcelados por casos de corrupción. Todos estos casos ilustran un paisaje turbio, pero rentable.
En un año tan violento como el 2024, la frontera suele presentarse como un caos absoluto, lo cual es una visión simplista que no ofrece mayor información sobre las complejas dinámicas criminales.
Es cierto que este año la violencia se extendió a puntos clave de la ciudad, impactando áreas transitadas y lugares que se consideraban “seguros”. También es cierto que el área metropolitana de Cúcuta tendrá el año con mayor número de homicidios en la última década. La violencia, sin duda, se trasladó de las zonas que bordean la ciudad a lugares céntricos más concurridos.
Sin embargo, no estamos en presencia de anarquía: detrás de estas expresiones de violencia opera una forma de gobernanza criminal que periódicamente se reajusta. En este entramado, las autoridades de ambos lados de la frontera y las organizaciones delictivas, pese a sus conflictos, coexisten y se benefician mutuamente.
Sería irresponsable afirmar que todos los funcionarios públicos están vinculados, pero también es ingenuo fingir que ninguno lo está o que solo es un asunto de rangos bajos. Esto no es un problema marginal. En el entorno de la frontera hay organizaciones criminales e instituciones públicas con vínculos profundos. Si queremos analizar este problema, habrá que reconocer primero que el desorden del que tanto se habla tiene, en el fondo, un orden criminal bien establecido.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .
