La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Es un compromiso del Estado diseñar e implementar todas las acciones posibles para la superación del conflicto armado en Colombia. Partiendo de allí, y de los acercamientos y negociaciones que el Gobierno adelanta con distintos grupos armados, resulta necesario preguntarse: ¿cuál es la dirección que debería tener la paz total en el Catatumbo? 

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Inicialmente, es necesario mencionar un defecto y una virtud de la paz total en el papel. 

Un defecto evidente es su definición. A pesar de que es una fórmula breve útil en términos de publicidad, es difícil saber qué es y qué no es la paz total. Quien se acerque al texto de la ley, quedará con más dudas que certidumbres, pues parecen muchas cosas al mismo tiempo. Allí se dice que es una política de Estado; se dice que es la articulación de todas las instituciones públicas para cumplir los acuerdos de paz logrados; también se menciona que es una cultura de reconciliación, convivencia y no estigmatización; y, por último, se establece que son procesos de negociación, acercamiento y diálogos con grupos armados. Parece una cuestión menor, pero aclarando esto se podrán evaluar los éxitos y reveses del Gobierno en unos años.

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Una virtud es que no es una ley nueva, sino la modificación de una existente (Ley 418 de 1997). Los últimos seis presidentes han decidido prorrogar o adicionar estas normas que los habilitan para buscar una salida negociada al conflicto. Unos con más aciertos que otros. Esto podría verse de dos formas: como un país que se quedó en un proceso de paz permanente ofertando beneficios a cambio de desarmes; o como un país escéptico de la guerra y de la metralla, que ha ido madurando la forma de cerrar un conflicto violento que nos heredaron los bisabuelos. Yo me inclino por esta última visión.

Hecha esta claridad, se pueden mencionar cuáles deberían ser los puntos que el Gobierno debería tener en cuenta en su agenda de paz total en el Catatumbo. Estos giran en torno a tres grandes temas relacionados e interdependientes: la tierra, la cocaína y la minería ilegal. 

El problema de la tierra es un tema pendiente en una amplia región donde hay más territorio que Estado. Hasta hace pocos años las instituciones estatales empezaron a preocuparse por la tenencia, la titularidad y la propiedad de la tierra en las zonas rurales del norte del departamento. Hoy se han dado avances solo en ciertos lugares y a paso muy lento. 

Una de las grandes dificultades está relacionada con las 42 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca en quince municipios del departamento, casi todos pertenecientes al Catatumbo. En números, el Fondo de Tierras aspira a tener tres millones de hectáreas en todo el país, a fin de promover el acceso y uso de la tierra. Para lograrlo tendrá que dirigir la mirada hacia esas zonas del departamento que hoy hacen de la región un enclave productivo de cocaína. Aprender de los errores del programa de sustitución de cultivos y la regularización de la cocaína son dos caminos en los que se puede trabajar de forma paralela.

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El segundo tema es la regularización de la cocaína, la cual ya hace parte de la agenda del actual Gobierno. Sin embargo, hay que reconocer que desde el 2015 Juan Manuel Santos ya venía hablando del fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de pensar cómo salir del prohibicionismo. Por eso debe hablarse en términos claros y decir que sin regularizar la cocaína, la paz en el Catatumbo será parcial. 

El Catatumbo es un enclave productivo, lo cual significa que es un lugar donde ha persistido en los últimos años el crecimiento de cultivos de hoja de coca, y a su alrededor funcionan otras economías lícitas e ilícitas que promueven eficientemente su producción. Por ello, el desarme de los grupos armados es importante, pero no es suficiente. Una experiencia reciente se dio en 2016 cuando salieron las antiguas Farc. Sus espacios de dominio fueron ocupados por otros grupos armados, los cuales aprovecharon la ausencia de una oferta estatal e integral de derechos sociales para imponer sus reglas.

Por último, la minería ilegal y la explotación irregular han tenido un crecimiento sostenido en el último año por causa del aumento del precio del carbón. Esto ha generado que en municipios como Cúcuta (zona rural), El Zulia, Sardinata y Tibú haya aumentado la explotación atropellada de los recursos naturales, dejando graves daños en los ecosistemas que sostienen la región. Teniendo en cuenta que la protección de la naturaleza es uno de los mecanismos para el logro de la paz total, esta también debería ser una de las prioridades para el Catatumbo. 

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La paz total tiene defectos en el papel que pueden -y deben- ser superados. No obstante, las dificultades más grandes están relacionadas con la forma en que se promoverá la participación, y la implementación de programas y proyectos en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Quienes estuvieron en el proceso de paz con las Farc reconocen que allí se cometieron dos grandes errores: la ausencia de una comunicación efectiva a la sociedad de lo que significaban esos acuerdos y la precaria ejecución de lo pactado. 

Aprender de los errores del pasado es una obligación para quienes están dirigiendo la apuesta de paz del gobierno Petro. Negociar con los grupos armados es importante, pero no suficiente. Vincular a esos grandes sectores de la población que se quedaron por fuera de las negociaciones del pasado será el factor clave para saber qué se debe hacer ya no en el papel, sino en el terreno, en los pueblos donde el derecho a la paz no es más que buenas intenciones escritas en textos jurídicos desde lugares remotos.

Redacción: Kenny Sanguino Cuéllar

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