La poca disponibilidad de tierras para producir y los altos niveles de riesgo, son las razones que han motivado la propuesta de reubicar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación establecido en la vereda Caño Indio, en el municipio de Tibú, desde hace ocho años, tras las firma del Acuerdo de Paz con la entonces guerrilla de las Farc.
Así lo dio a conocer Alejandra Miller, directora nacional de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, quien la semana pasada estuvo en Caño Indio para una visita de verificación al lugar en el que permanece la mayoría de firmantes de paz, a pesar del desplazamiento de una parte de ellos.
“La idea es que este ETCR sea trasladado hacia otro lugar en donde tengan tierra propia y suficiente, adjudicada para sus procesos productivos, y que los niveles de riesgo sean menores”, dijo Miller.
La Opinión conoció que todavía no hay nada definido y en este momento se busca el nuevo terreno donde se adecuaría el nuevo ETCR, así como el consenso sobre el número de personas que se trasladaría al mismo, teniendo en cuenta que se construirán viviendas con una durabilidad de 100 años, en las que deberán establecerse mientras se encuentren en el proceso de reincorporación.
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Luego del inicio de los enfrentamientos entre la guerrilla del Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc, y de acuerdo con datos actualizados de la ARN, la situación actual de los firmantes en Norte de Santander es de 6 personas asesinadas y 6 desaparecidas, además de 198 confinadas y 215 desplazadas, dentro y fuera del departamento e incluso del país.
Como consecuencia de esta situación, 115 proyectos productivos se han visto afectados. Es por esta razón que se hace necesaria la reubicación de los firmantes que permanecen en el territorio.
En este sentido, la directora nacional de la ARN señaló que con este fin, dentro del marco del estado de Conmoción Interior, ya fueron solicitados unos recursos para hacer el proceso de traslado y restablecimiento del ETCR y mantener el acompañamiento de los referidos proyectos.
Alejandra Miller explicó que los emprendimientos que recibirán esa atención inicialmente serán los de aquellos firmantes que se encuentran en el área metropolitana de Cúcuta, así como en otros municipios de Norte de Santander.
Adicionalmente, los firmantes siguen recibiendo otros beneficios, como, por ejemplo, en temas de salud. “Hay que garantizar el acompañamiento en donde sea que estén, así sea en situación de desplazamiento”, dijo la funcionaria.
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Preocupación en la JEP
A propósito de la situación de seguridad que enfrentan los firmantes en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expresó su preocupación en una reciente audiencia de seguimiento a las medidas cautelares de protección de los excombatientes.
Y es que de acuerdo con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, 456 firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, en 158 municipios del país. En 2025 la situación se ha tornado más complicada, pues a corte de marzo ya se registraban 15 homicidios (11 de ellos en enero), la mitad del total registrado en 2024.
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En este contexto de violencia, Giovanni Álvarez, director de la UIA, advirtió sobre la eventual desaparición de seis Espacios de Capacitación y Reincorporación, como los de La Pradera, Toribio, Puerto Guzmán, Pitalito y San Vicente del Caguán; en tanto que, representantes del ETCR Caño Indio, presentes en la audiencia, narraron los hechos violentos que vienen enfrentando en sus territorios.
Al respecto, Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, señaló que esta situación impacta de manera riesgosa los procesos de reincorporación; mientras que Xiomara Balanta, de la Sala de Amnistía o Indulto, expresó que luego de hacer seguimiento por siete años a los distintos ETCR “consideramos que la protección debe ser una prioridad inaplazable para el Gobierno. Necesitamos respuestas urgentes y concretas”.
Por su parte, Hernando Toro, de la Fiscalía General de la Nación, indicó que aunque se han activado mecanismos de protección de testigos y víctimas, es necesaria y urgente la transformación de la seguridad territorial para la paz.
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