La Contraloría General de la República emitió un comunicado indicando que los recursos destinados a las víctimas del conflicto armado son insuficientes para cumplir sus indemnizaciones. Menciona que para cumplir con lo establecido, en el décimo informe de seguimiento a la Ley de Víctimas, se necesitan aproximadamente $252,4 billones.
“Siguen resultando insuficientes los recursos dirigidos a cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 para más de 9 millones de colombianos incluidos en Registro Único de Víctimas”, señaló el ente de control.
Aseguró además que existen grandes brechas de asignación de recursos por parte de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios e hizo un llamado al Gobierno nacional para que preste mayor atención a temas como la generación de ingresos y la educación superior.
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¿Y en Norte de Santander?
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, existen 388.147 víctimas, establecidas en los diferentes municipios del departamento y por supuesto en Cúcuta. El desplazamiento forzado, el homicidio, el confinamiento, las amenazas y la desaparición forzada son los hechos que más se han presentado en la región.
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Una de las poblaciones más afectadas son las madres cabeza de familia, pues en su mayoría son desplazadas y cuyos esposos fueron asesinados.
Una de ellas es Martha Casadiego, residente en el barrio Torcoroma, quien afirmó que si bien les dieron una indemnización, no fue acorde a lo que se dictó en la sentencia y no cumplieron con lo que ordenó la ley.
Aura Sarmiento, otra madre, también afirmó haberse sentido “tristemente abandonada por el Estado”, porque la sentencia no se cumplió como esperaba. Reclamó que ni en la pandemia de la COVID -19 se sintieron respaldadas por el Gobierno, porque –afirma- no recibieron ninguna clase de ayuda ni incentivos económicos como sí se produjo con otros sectores de la población.
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La Contraloría estableció que existen grandes brechas de asignación de recursos por parte las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios, lo que requiere de una mayor concurrencia y coordinación por parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas – (Snariv).
En lo que respecta a Cúcuta, para las más de 14.000 víctimas, la relación por cada una es de $1.6 millones, una relación aparentemente ‘positiva’ si se compara con otros departamentos como Boyacá (68 pesos), Chocó (3 mil pesos) y Nariño (9 mil pesos). Dinero que sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de estas personas, que en su mayoría viven en invasiones y en condición de pobreza extrema.
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El organismo de control hizo un llamado al Gobierno nacional para realizar el costeo detallado de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitano víctimas del conflicto armado.
La Opinión se comunicó con Judith Maldonado, directora de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, pero, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
*Redacción: Nicolás Mojica / Practicante de periodismo
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