Durante el Encuentro Regional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), realizado en Ocaña (Norte de Santander), la subdirectora general de la Unidad para las Víctimas, Lyda Camacho, informó que ya se han tomado 11.198 declaraciones de personas afectadas, de las cuales 6.236 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas. Esta inclusión es fundamental para activar las rutas de ayuda institucional y facilitar el acceso a los programas de atención y reparación.
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En respuesta a las necesidades más urgentes, el Gobierno ha invertido más de $14.132 millones en asistencia humanitaria, beneficiando directamente a las personas desplazadas. Estas ayudas incluyen alimentación, kits de aseo, atención médica y otros apoyos esenciales para garantizar condiciones mínimas de vida digna en medio de la crisis.
Mejoras en vivienda y seguridad alimentaria
Como parte de los acuerdos interinstitucionales, se anunció un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Gobernación de Norte de Santander para ejecutar 312 mejoramientos de vivienda en los municipios de San Calixto, Convención y Teorama. Esta medida busca beneficiar a más de mil personas que enfrentan condiciones de habitabilidad precarias.
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A su vez, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural entregará 218 canastas alimenticias a familias de la comunidad indígena Barí. Además, esta entidad informó que ha invertido cerca de $6.000 millones en siete proyectos productivos de cacao, y próximamente se ejecutarán $9.000 millones adicionales para fortalecer las iniciativas agrícolas locales, esenciales para la autosostenibilidad de las comunidades rurales.
Apoyo al emprendimiento y formación laboral
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) destinará $300 millones para financiar emprendimientos en la región, mientras que el Ministerio del Interior pondrá en marcha un programa de formación para el trabajo en los municipios de Tibú, Ocaña y Cúcuta, con el objetivo de generar oportunidades reales de empleabilidad y desarrollo económico.
Estas acciones representan un esfuerzo conjunto del Estado colombiano para mitigar los impactos de la emergencia, promover la reparación integral y fortalecer la resiliencia de las poblaciones del Catatumbo, una de las regiones históricamente más golpeadas por la violencia y el conflicto armado.
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