Bajo el argumento de que por años el narcotráfico ha sido el principal agente que ha perpetuado la guerra en el Catatumbo y ha despojado a las familias de la paz, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito lanzó la semana pasada el programa “RenHacemos Catatumbo”, una especie de plan de erradicación exprés, dirigido a habitantes de los municipios de Convención, Tibú, El Tarra y Sardinata.   
 
De acuerdo con Gloria Miranda, directora de la entidad, la iniciativa comenzó con la convocatoria para vincularse a este proceso de transformación productiva, ecológica y social, desde el  pasado 13 de febrero y va hasta el 5 de marzo de 2025. Los interesados pueden inscribirse llenando el formulario contenido en la dirección: preregistro.direccionsustitucion-pnis.gov.co/

Condenado al fracaso

La nueva estrategia para hacerle frente a la sustitución de cultivos ilícitos ha tenido poco eco en las organizaciones sociales y campesinas del Catatumbo, que desde ya la condenan al fracaso. 

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Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo, es una de las voces críticas de la iniciativa, la cual califica como “un nuevo invento”, que le produce “preocupación”.

“Pareciera que en la emergencia y la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo la solución fuera salir a inventar otras figuras”, dijo Pérez, quien llamó la atención respecto a que no se está tomando en cuenta el compromiso que ya tiene el Gobierno Nacional con las familias Pnis de los municipios de Tibú y Sardinata, además de la experiencia probada en el piloto de sustitución en Caño Indio. 

Señaló que la clave es y será la implementación del Pacto Catatumbo, con la participación de la comunidad, como un actor principal. “Que sea por allí la ruta y no cada institución inventando un programa desarticulado, que no sabemos si va a tener éxito o no; porque es un experimento que se hace y de acuerdo con la experiencia que tenemos en la región, va a fracasar”, señaló Pérez. 

No obstante, el líder campesino lamentó que del Pacto Catatumbo solo existe el nombre, pues todavía no se ha escrito la primera línea. “No sabemos cuánto va a costar y de dónde va a salir la plata”, dijo.

Por su parte Wilder Mora, miembro de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, señaló que “hay que construir sobre lo construido” y en ese sentido dijo que hay que comenzar por cumplirles a las familias que se sumaron al plan de sustitución hace ocho años, como parte de la firma del Acuerdo de Paz. 

Mora recordó que en ese grupo de familias, que ya sustituyeron, pero no les han cumplido, hay alrededor de 2.600 en Tibú y unas 1.500 en Sardinata. 

“Entendemos que ahora se está pasando por una crisis que no estaba prevista, pero lo que necesita la región del Catatumbo es una inversión social para empezar a hablar de paz”, sostuvo. 

Anunció que la nueva propuesta del Gobierno será evaluada en asamblea de campesinos, para ver hasta qué punto los favorece, sin embargo, reiteró que toda solución debe ser concertada con las comunidades y no impuesta desde el nivel central. 

Señaló que como ha sucedido en otros gobiernos, al actual también le falta voluntad política para resolver el problema del Catatumbo. “El incentivo económico seguro lo va a aprovechar una familia desplazada en este momento, pero eso se acaba en ocho días y sigue todo igual, aquí necesitamos vías, salud, educación y apoyo a proyectos productivos”, planteó Mora. 

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¿En qué consiste el programa? 

RenHacemos Catatumbo se estructura en dos componentes principales. El primero es un apoyo económico mensual para las familias que eliminen de raíz los cultivos de uso ilícito, con el objetivo de sustituir los ingresos provenientes de la economía ilegal. El segundo, es el establecimiento y fortalecimiento de alternativas productivas ambientalmente sostenibles, con cadenas de valor que generen ingresos legales.

La primera fase se desarrollará en el marco del estado de Conmoción Interior, es decir, en un lapso de tres meses o 90 días, en los que las familias participantes recibirán un pago mensual condicionado a la erradicación total de los cultivos ilícitos en sus predios. Además, en el segundo mes de la intervención, los núcleos familiares recibirán activos productivos como bienes e insumos para fortalecer una actividad económica lícita. Dependiendo de su situación, podrán acogerse a dos modalidades: una para núcleos familiares desplazados que no puedan o no deseen retornar a su lugar de origen y otra para aquellos que permanezcan en el territorio y busquen establecer o fortalecer líneas productivas lícitas.

En la segunda fase, posterior al estado de Conmoción Interior, se implementarán estrategias de transformación ecológica y productiva, promoviendo alternativas sostenibles que generen cadenas de valor en negocios verdes y procesos de transformación agroindustrial. Se buscará consolidar una economía legal mediante el fortalecimiento de proyectos agropecuarios y ambientales que permitan el desarrollo sostenible de la región.

Para acceder al programa, las familias deben cumplir con ciertos requisitos, como la postulación familiar, colectiva o grupal; manifestar su voluntad de transitar hacia economías lícitas; demostrar la presencia de cultivos ilícitos en sus predios antes del 24 de enero de 2025; y garantizar que los terrenos no sean bienes fiscales ni de uso público. Además, el representante del núcleo familiar debe ser mayor de edad y no ocupar un cargo público ni administrar recursos del Estado.

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Las familias beneficiarias deberán comprometerse a erradicar completamente los cultivos ilícitos, evitar la resiembra y mantener una actividad productiva legal durante al menos cinco años. También tendrán que facilitar las actividades de monitoreo y verificación realizadas por las entidades encargadas del programa.

Para la selección de beneficiarios, se evaluarán factores como la concentración de núcleos familiares en las veredas, el compromiso de reducción de cultivos ilícitos, la inscripción en asociaciones y la participación de mujeres y jóvenes.

El proceso de inscripción se podrá realizar de manera colectiva a través de asociaciones, cooperativas o juntas de acción comunal, o de forma individual por cada núcleo familiar. 

La iniciativa busca no solo eliminar los cultivos ilícitos, sino también establecer una economía sostenible y legal en la región, con un enfoque especial en la inclusión de mujeres y jóvenes y la protección del medio ambiente.

Sobre el incentivo económico

La semana pasada, el propio presidente Gustavo Petro anunció el lanzamiento del programa a través de su cuenta de X, señalando que se empezaría a pagar por la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos de raíz, garantizando no solo la compensación por su eliminación, sino también el valor de la sustitución por otro cultivo y el sostenimiento de las familias mientras producen cultivos lícitos. “Empezamos en el Catatumbo y el cañón del Micay”, expresó el mandatario.

Al respecto, el programa contempla que los núcleos familiares recibirán una transferencia mensual de hasta un salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) durante el periodo de Conmoción Interior, condicionada a la eliminación de los cultivos ilícitos. También se contempla un incentivo de hasta el 70% de un salario mínimo para actividades relacionadas con servicios ambientales o mano de obra en cadenas de valor productivas.

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