La Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander decidió ponerle fin al proceso disciplinario que adelantaba desde el año pasado contra el concejal por el partido Centro Democrático, Álvaro Raad, por una presunta nómina paralela.

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El caso se remonta a finales de 2022, cuando Raad se desempeñaba como presidente de la corporación municipal y entre agosto y noviembre de ese año se suscribieron al menos 30 contratos de prestación de servicios que, según la queja interpuesta ante el ente de control, tenían como objeto cumplir las mismas actividades contractuales de otros que ya se habían celebrado por su antecesor en la mesa directiva.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, las 30 órdenes de prestación de servicios que se firmaron por un valor de $162.250.000 tenían como fin la vinculación temporal de nueve personas para asesoría y apoyo jurídico, dos para acompañar el proceso de comunicaciones de la entidad, otros 14 para respaldar la gestión documental y cinco como apoyo contable y financiero, entre otros.

Al respecto, el encargado de interponer la queja alegaba que en el Concejo ya existían abogados contratados para el apoyo de la gestión jurídica y por eso consideraba “exagerada” la contratación de más personas.

Sin embargo, en el auto que ordena el archivo del proceso contra el concejal cucuteño, la Procuraduría concluyó lo siguiente: “al analizar las remuneraciones se observa que el valor reconocido mensual, en promedio, a los profesionales de apoyo jurídico corresponde a aproximadamente el 54% de la remuneración recibida en promedio por los profesionales que ya estaban contratados, por lo que no se evidencia un detrimento patrimonial relativo en estas contrataciones”.

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El procurador también consideró que la contratación por órdenes de prestación de servicios celebrados en el tiempo que permaneció Raad en la presidencia del Concejo corresponde al 27,7% del total de órdenes suscritas para la vigencia 2022 y los recursos comprometidos equivalían a un 23%.

En consecuencia, para el Ministerio Público, estos “equivalen a menos de la tercera parte de los recursos invertidos en órdenes de prestación de servicios para el apoyo a la gestión de la corporación en el semestre inmediatamente anterior”.

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En la decisión que favorece al dirigente del Centro Democrático la Procuraduría recuerda que la contratación de personal de apoyo, a través de la figura de órdenes de prestación de servicios, no puede analizarse solo desde el punto de vista de la cantidad de personas contratadas, sino “de las funciones de apoyo que requiere el ejercicio administrativo de la entidad y de los recursos invertidos”.

Teniendo en cuenta esas consideraciones, el procurador regional de instrucción de Norte de Santander, Omar Javier García, determinó que la investigación no podía seguir su curso, por cuanto no hay elementos que sustenten una presunta falta o irregularidad.

“Al no estar demostrada la actuación irregular que comprometa el cumplimiento de las obligaciones consagradas en la Constitución, la ley y el Código Disciplinario Único por parte de Álvaro Andrés Raad Forero, en su condición de presidente del Concejo de Cúcuta, para la época de los hechos, considera el despacho que no es procedente continuar con la presente actuación y, en consecuencia, ordenar el archivo de la misma”, concluye el auto de archivo.

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Contra la decisión, sin embargo, procede todavía el recurso de apelación por parte de quien interpuso la queja, si así lo considera.

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