Un verdadero calvario viven los internos en las salas de retención transitoria en el Segundo Distrito de la Policía de Ocaña debido a la superpoblación de los últimos meses.
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Las celdas colapsaron ante el gran número de capturados por diferentes delitos a quienes hasta la fecha los jueces no les han definido la situación.
Los calabozos están habilitados para 27 personas y existen 97, agravando el aspecto humanitario para el suministro de alimentos, la atención médica y las precarias condiciones sanitarias.
El Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria de Ocaña no recibe a los detenidos, mientras no sean condenados.
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“La capacidad es para 198 reclusos y al día de hoy existen 347 lo que corresponde a un hacinamiento del 76 por ciento. Al Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) le corresponde recibir a los condenados y a los entes territoriales los sindicados, solo se admiten aquellos que representen un peligro para la humanidad, atendiendo lineamientos de la Corte Constitucional”, según el capitán Eleasid Durán Sánchez, director encargado del establecimiento carcelario de mediana seguridad de Ocaña.
La pesadilla sin fin
El drama de nunca acabar empieza con el ingreso a las salas transitorias de retención donde deben permanecer 72 horas, como máximo, mientras se adelanta la legalización de captura ante un juez de control de garantías.
“Somos personas que hemos cometido un error en la vida y no merecemos ser tratados como animales, en condiciones infrahumanas, los alimentos llegan en estado de descomposición, la mayoría sufrimos problemas estomacales y dificultades en las vías respiratorias por la humedad”, indicó un interno del Segundo Distrito de la Policía.
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Al igual que en otros lugares del país y el departamento, en la Ciudad de Los Caro hay cuestionamientos porque estaciones de Policía se han convertido en centros de reclusión permanentes y son muchas las solicitudes a los organismos defensores de Derechos Humanos para que intervengan a fin de remediar la situación.
Estudian alternativas
El alcalde Samir Fernando Casadiego aseguró que se han hecho convenios por $50 millones con la cárcel de Ocaña, pero que en la actualidad le están solicitando $300 millones y no se cuenta con el presupuesto suficiente.
El secretario de Gobierno Municipal, Jaime Velásquez Salamanca, manifestó que se debe hacer una bolsa común con todos los alcaldes de la provincia de Ocaña y del Catatumbo para solventar esos gastos.
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Una alternativa es construir carceletas en el Segundo Distrito de la Policía, pero no se cuenta con suficiente espacio y tampoco la misión de dicha institución es custodiar presos.
El problema
Mientras tanto, persiste la preocupación por las condiciones sanitarias y de convivencia en las celdas debido al poco espacio, los niveles de estrés y la atención inmediata en el Distrito de Policía.
Institucionalmente no pueden hacer más adecuaciones a las instalaciones policiales porque jurídicamente no permiten albergar a los capturados, esas funciones corresponden al Inpec.
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Con el alcalde se han hecho unos convenios y también se está a la expectativa que se aprueben otras instalaciones para trasladar a quienes actualmente están confinados en los calabozos de la Policía de Ocaña.
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