La reciente fuga de Juan Carlos Rodríguez, conocido como alias Zeus, junto con otros 22 criminales, ha puesto al descubierto una realidad preocupante en Cúcuta. Este individuo, un mayor retirado del Ejército vinculado con falsos positivos, condenado por paramilitarismo y nexos con el narcotráfico, logró escaparse el 21 de abril de la estación Centro de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc). Zeus aprovechó las deficiencias en la seguridad para burlar la custodia policial y volarse de la justicia.
Esta fuga no solo representa un fracaso en el sistema de seguridad, sino que también pone en tela de juicio la eficacia de las medidas de contención en las estaciones de Policía de la ciudad, las cuales se han convertido en verdaderas cárceles improvisadas.
La vergonzosa condición de hacinamiento alcanza niveles intolerables: más de 400 detenidos, acusados por diversos delitos, se encuentran recluidos en instalaciones que ni de lejos están preparadas para mantener a personas privadas de la libertad.
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“Las estaciones no fueron diseñadas para tener esas personas en condición de sindicados. Están diseñadas para tener unas personas transitoriamente, durante 36 horas, mientras se les define su situación jurídica”, recuerda el secretario de Gobierno Municipal, Miguel Castellanos.
Contrario a eso, nos encontramos con estaciones de Policía que, aunque solo deberían albergar entre 10 y 20 detenidos, se ven abrumadas por una realidad mucho más cruda pues son hasta 100 personas las que se encuentran confinadas en esas instalaciones.
En Cúcuta son nueve los centros transitorios que albergan detenidos: Kennedy, Aeropuerto, Guaimaral, Centro, Belén, Libertad, San Fernando del Rodeo, Trigal del Norte y Alfonso López.
Según las cifras que reposan en la Personería municipal, hasta el 22 de abril, en esos lugares se registró un hacinamiento del 516%.
“Lo que antes se encontraba en los centros de reclusión, que había una sobrepoblación, ahora lo encontramos en las estaciones, con un agravante y es que estas no están preparadas para eso. Ahí hay internos que llevan hasta 2 y 3 años (…)”, conceptúa el abogado Carlos Ramos, director de la red de defensores de Derechos Humanos.
El hacinamiento, las condiciones infrahumanas, la falta de acceso a actividades penitenciarias, la ausencia de atención médica adecuada, la limitación a un solo baño y la prohibición de visitas conyugales, son elementos que -según expertos en seguridad- conforman un ‘caldo de cultivo’ en las estaciones de Policía.
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“La cosa se vuelve mucho más compleja, esas condiciones llevan a que los internos quieran, sí o sí, escaparse”, añade Ramos.
Las cifras que reposan en el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Social y Política, de la Fundación Progresar, apuntan a que las estaciones en las que se ha presentado el mayor número de fugas son: Centro, San Fernando del Rodeo y Alfonso López.
Lo que hay detrás
A pesar del alarmante número de fugas masivas y amotinamientos que sacuden las estaciones de Policía de Cúcuta, existe una frágil línea entre la crisis actual y un escenario aún más caótico.
“Desde 2022 vengo insistiendo en que estos eventos se van a presentar y van a seguir pasando, la Policía tiene documentos serios con información clave que le permiten inferir que van a suceder esas fugas. No ha hecho caso y ahí está el problema”, critica Carlos Ramos.
Factores como la falta de recursos económicos por parte de los internos han impedido que la situación se descontrole por completo.
El abogado explica que “no todos los internos cuentan con la capacidad económica y militar que implica una fuga, entonces a medida que van llegando algunos que sí cuentan con esos dos factores, se van concretando los escapes que fue lo que finalmente vimos en el caso de Zeus, que es el más reciente”.
Y es que se pudo conocer que el plan de escape lo habría fraguado un pequeño grupo de delincuentes que harían parte de las bandas Los AK47 y Familia P, pero, aunque tenían todo listo, hasta la ruta para que no los recapturaran, les faltaba lo más importante: el dinero. Fue así como la llegada del exmilitar Juan Carlos Rodríguez, habría permitido que ésta se concretara.
Así lo corroboró el coronel Edwin Urrego, director de la Dijín, al detallar: “Tenemos conocimiento que la financiación obedecía en parte a la búsqueda de motocicletas con sus respectivos conductores, para que estuviesen fuera de las instalaciones y una vez saliendo de allí pudiesen escapar en esas motocicletas”.
A esta situación se suma otro factor alarmante como es el de la propensión a la corrupción entre algunos policías.
Precisamente, por la fuga de los 23 peligrosos detenidos de la estación Centro, recientemente se ordenó la captura de un intendente jefe, un subintendente y un patrullero, acusados de haber facilitado el escape.
Según Carlos Ramos, director de la red de defensores de Derechos Humanos, las fugas no son actos espontáneos, sino que estarían meticulosamente planeadas para que solo un interno, con todas las capacidades, sea el encargado de escapar. Sin embargo, esta estrategia se vuelve contraproducente para las autoridades, ya que resultaría más sospechoso dejar escapar a un solo interno que a varios al mismo tiempo.
“Quienes facilitan esas fugas hoy están viendo que hay una lupa sobre ellos en materia disciplinaria y penal, tal vez eso conlleve a que sea un poco más complejo que se vuelvan a presentar casos similares en los próximos días”, enfatiza.
El plan de descongestión
La Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), han tomado medidas concretas ante la crisis que se evidencia en la ciudad.
Acordaron la implementación urgente de un plan de contingencia destinado a acelerar la descongestión en los distintos puestos de la institución policial donde se encuentran personas sindicadas.
Este procedimiento tiene como objetivo trasladar a 15 presos por día de las estaciones hacia la cárcel Modelo de Cúcuta.
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El secretario de Gobierno municipal explica que esta medida se da cuando ya estaba en marcha un convenio interinstitucional con el centro penitenciario, por medio del cual ya habían sido trasladados 250 privados de libertad desde estaciones, subestaciones y CAI al recinto carcelario de la ciudad.
El convenio, con un presupuesto de 1.000 millones de pesos y una duración de un año, entró en vigor a finales de enero, cuando se formalizó el acuerdo con una carta de intención entre las partes.
Esta medida fue tomada ante la urgente necesidad de abordar la crisis de hacinamiento en las estaciones de policía, que en algunos casos superaban hasta cinco veces su capacidad.
¿Y la cárcel?
En medio de la crisis, Edwin Rincón, presidente del sindicato del Inpec, revela una cruda realidad: la cárcel está desbordada y no hay cama para tanta gente. La escasez de colchonetas ha llevado a que muchos internos duerman en lugares improvisados como escaleras, pasillos e incluso baños. Y con la llegada diaria de nuevos detenidos, la situación empeora aún más.
Esta realidad contradice el propósito de trasladar a los internos desde las estaciones para mejorar sus condiciones, ya que se enfrentan a una situación igual o incluso peor en la cárcel.
“El problema del hacinamiento lo tenemos desde hace décadas y actualmente se ha visto evidenciado porque no se ha solucionado de fondo. No solo pasa aquí sino en todo el país. En estos momentos tenemos más de mil sindicados, por eso el afán del convenio con el municipio, no es solo por los de las estaciones sino por los que tenemos aquí”, relata Rincón.
Una problemática nacional
Tanto los expertos en seguridad como las autoridades municipales coinciden en su análisis: la problemática de las fugas masivas en Cúcuta es de naturaleza estructural y no puede abordarse únicamente a nivel local. Se requiere una intervención a nivel nacional para implementar soluciones efectivas y sostenibles.
La coincidencia en este análisis destaca la necesidad urgente de que el gobierno nacional actúe de manera coordinada y amplia para solucionar los problemas del sistema penitenciario y las causas profundas del aumento de la criminalidad en la región.
Ramos indica que una de las soluciones sería el traslado masivo de los por lo menos 400 internos con poder militar y económico, a cárceles de alta seguridad.
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“Algunos dirán que no es posible porque la crisis es estructural y es en todo el país, sí, eso es cierto, sin embargo, esto que estoy proponiendo ya se ha hecho en Medellín, Cali y Barranquilla. Debemos trasladar a otras cárceles del país como La Picota, Cómbita, Bellavista, Villa Hermosa, y otras que tienen hoy esa capacidad”, dice.
A su turno, el secretario de Gobierno, Miguel Castellanos, reconoce que la solución es construir una cárcel municipal. “Tenemos el presupuesto listo para iniciar los estudios y diseños para la nueva cárcel en la ciudad, que nos arrojen para cuántas personas tenemos que construir y en qué condiciones hacerlo. La única referencia que tenemos es Bogotá que ya está en funcionamiento y en Medellín que se está construyendo”.
Ambas propuestas apuntan a resolver dos cosas: por un lado, descongestionar las estaciones de Policía y, por el otro, recuperar más de 70 unidades de Policía que están dedicadas a una labor que no les corresponde, como la de carceleros.
Silencio absoluto
El silencio por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta ante la problemática de las fugas masivas es un aspecto que no puede pasarse por alto. Esta falta de comunicación dificulta en gran medida la comprensión completa del problema.
En cambio, el director de la institución, el general William Salamanca, salió a reconocer la gravedad de lo sucedido. “Como director General de la Policía, presento disculpas por lo ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Aquí ha habido una serie de errores que hacen parte de la investigación que adelanta el propio inspector General de la Policía”.
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