El reciente ránquin que hizo la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en el que figura Cúcuta y su Área Metropolitana en el puesto 49 de las ciudades más violentas del mundo, parece ratificarse con los hechos de sangre ocurridos en los últimos días, en una ciudad en la que la percepción de seguridad está por el piso.

La incertidumbre ciudadana cada día que pasa se agiganta porque no se observan por ningún lado los resultados que contrarresten la ola de violencia que sacude a la capital Norte santandereana, en la cual este año se asciende ya a 35  muertes violentas, hechos que han cobrado la vida de mujeres, niños y ciudadanos que pertenecen a poblaciones vulnerables.

En medio del desespero del colectivo, que percibe la impotencia de las autoridades para contener el derramamiento de sangre, los ciudadanos de a pie y representantes de la sociedad civil rechazaron los actos violentos y pidieron a los grupos armados ilegales detener sus actos criminales, al tiempo que exigen a las autoridades se tomen acciones que permitan lograr resultados contundentes.

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Cámaras de Seguridad

En la búsqueda de responsables y fallas de lo que golpea la ciudad, uno de los temas que han sido objeto de debate durante los últimos días, es el funcionamiento de las 310 cámaras que fueron instaladas en puntos estratégicos del municipio por las anteriores administraciones.  No todas están funcionando, según comprobó La Opinión.

Mauricio Franco, ex secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, dijo que durante la pasada administración las cámaras quedaron operando en su totalidad.

Explicó que la instalación que se hizo por parte del Ministerio de Interior tenía una garantía de mantenimiento por dos años, que se hacía mediante contrato con la empresa UNE-EPM Telecomunicaciones. Vencido ese plazo, la administración era la responsable de contratar anualmente su mantenimiento.

Franco explicó que por el mecanismo de las cámaras que funcionan con fibra óptima, son altamente sensibles a sufrir desperfectos, por lo que su mantenimiento es prioritario para mantenerlas operativas.

“Como no se puede dejar el mantenimiento de las cámaras de una vigencia a la otra, la administración actual es la responsable de velar por su funcionamiento, pero en este momento la ciudad no sabe cuántas cámaras de las instaladas lo están haciendo correctamente”, indicó.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez, reveló que de las 310 de cámaras de seguridad instaladas en las calles de Cúcuta, 280 están funcionando.

Según el funcionario, las restantes que no están operativas obedece a que fueron movilizadas por ejecución de alguna obra o que se encuentran en mantenimiento.

También dijo que la Alcaldía ya viabilizó un proyecto ante el Ministerio de Interior para la instalación de 150 cámaras adicionales. “Ya están los recursos disponibles para en las próximas semanas o meses ya poder contar con el inicio de la obra”, dijo.

La Opinión conoció, no obstante, que del total de cámaras de seguridad que están instaladas en puntos neurálgicos de Cúcuta, solo están funcionando 275 y que hay 39 que no están en servicio por falta de mantenimiento o porque ya son obsoletas.

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En el Senado

La situación de violencia también ha despertado la preocupación de actores políticos en el Senado de la República.

El senador por el Partido Conservador, Juan Carlos García Gómez, reprochó que en lo que va corrido de la actual administración, el alcalde Jairo Yáñez nunca ha convocado a los congresistas del departamento a “aunar esfuerzos” en favor de los diferentes proyectos y necesidades que tiene la ciudad.

Aseguró que hace tres años le entregó al mandatario una propuesta para tecnificar la frontera y en materia de seguridad, pero no fue tenido en cuenta. “Siempre estoy presto para ayudar en lo que sea por el bien de la ciudad, pero lamentablemente el alcalde tomó el camino que él quiso y hoy lamentamos esta decisión”, dijo.

Por su parte, el senador  Edgar Díaz, del Partido Cambio Radical, dijo que el jueves pasado en su intervención ante la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado que sesionó desde Cúcuta, manifestó su preocupación por la seguridad en la zona de frontera.

 “Vemos con preocupación que el alcalde de Cúcuta, la contratación la saca a través del Área Metropolitana, eso disminuye el impuesto del fondo de seguridad porque de los contratos es que se saca un porcentaje y si el alcalde lo saca por esa vía, mucha gente allá lo que hace es evadir el impuesto y de esa manera se pierden los recursos para invertir en seguridad”, declaró (ver recuadro).

¿Qué dicen los ciudadanos?

A través de las redes sociales de La Opinión, los cucuteños han expresado su inconformismo ante la ola de violencia y hechos de sangre en la ciudad.

Javier Puentes Rojas, escribió que Cúcuta requiere una intervención. “La criminalidad está aumentando, los delitos contra la seguridad pública están desbordados, el presidente es el principal responsable y garante de las acciones estratégicas de seguridad donde la criminalidad está en aumento”, expresó.

Por medio del usuario Luna Sol, una ciudadana escribió que la desbordante inseguridad en parte es producto de la reactivación de relaciones entre Colombia y Venezuela. “Frontera abierta trae también sus consecuencias. Que haya más oportunidades de trabajo para que disminuya la delincuencia”.

Edgar Correa Sánchez, opinó que la responsabilidad recae en un mal manejo de la seguridad por parte de los gobernantes.  “Esta ola violenta en Cúcuta viene de hace años atrás; aprovechando la floja y pauperrima administración municipal”, escribió.

 “Y dónde está la ley, es lo que más de uno se pregunta. En vez de estar haciendo retenes y ganándose la vida fácil salgan y cuiden de los suyos o es que ese uniforme que portan les queda grande”, expresó en los comentarios Giovanny Gómez.

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Para Jakeline Ortega detrás de estos episodios hay un tema impunidad.  “Tierra de nadie. Cada quien hace lo que quiere y no hay justicia, solo vencimiento de términos y libres quedan”, fue su mensaje.

Opinan los gremios

Los distintos gremios también fijaron posición en torno a la violencia que se vive en la región, con particular incidencia en Cúcuta y su Área Metropolitana.

Sergio Palacios, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), seccional Norte de Santander, dijo que el sector comercial y productivo de Cúcuta y del Departamento tiene una percepción altamente negativa con respecto a su seguridad.

“Siempre hemos sido lo más afectados y evidentemente hay un ambiente de nerviosismo y de altísima preocupación. Hay un ambiente de impotencia frente a lo que se observa en el centro de la ciudad”, declaró.

Fenalco propone se conformen frentes civiles de cooperación entre el sector privado y las autoridades para poder desarrollar estrategias de información y de prevención.

También consideran necesario reforzar la instalación de cámaras del centro de la ciudad, aumentar el pie de fuerza, que se incorporen equipos tecnológicos al sistema de vigilancia y que se conformen comités de seguridad en los barrios para mantener comunicación directa entre la comunidad y la Policía.

Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, considera que la situación es delicada por las acciones violentas que atentan contra la ciudadanía y algunos sectores comerciales.

“Los empresarios se sienten intranquilos. Están siendo víctimas de extorsiones e intimidaciones, situación que nos preocupa y esperamos tenga pronta solución por el bien de todos”, señaló.

 Por su parte, Amilcar Mirep Corona, presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) en la región, expresó que la percepción de inseguridad que hay en Cúcuta, luego de aparecer por cuarto año consecutivo entre las ciudades más violentas del mundo, afecta su desarrollo turístico y comercial.  “Esto va a afectar la inversión, la posibilidad de viajes de turismo, los negocios, el comercio, porque cuando una ciudad se expone a información negativa las personas desde afuera la ven como una ciudad de riesgo”, agregó.

Considera que Cúcuta y el Norte de Santander, requieren una inversión en tecnología y el aumento del pie de fuerza de la Policía Nacional que, indicó, están dispuestos a apoyar desde el sector privado.

Los fondos de seguridad

En medio de las discusiones y críticas acerca de la inversión de recursos que ha hecho la administración en materia de seguridad, se ha puesto en tela de juicio el financiamiento del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia (Fonset).

Este fondo, que permite financiar actividades alusivas a la seguridad del ente territorial, se alimenta del 5 por ciento de cada contrato de obra pública que suscriba el municipio.

Lo que los ciudadanos le cuestionan a la administración de Jairo Yáñez es que haya suscrito convenios por una cifra cercana a los $73.000 millones para que el Área Metropolitana ejecute obras públicas de Cúcuta.

Esto privaría al Fonset de recibir unos 3.650 millones de pesos, correspondientes al 5% por ciento que dicta la norma, por cuanto las Áreas Metropolitanas, como entes descentralizados del municipio, están exentas de pagar este cinco por ciento al fondo.

Esto lo interpretan los ciudadanos como una especie de desfinanciación del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Territorial por parte de alcalde Jairo Yáñez.

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