A poco más de un mes de la celebración de la mesa de negociación entre representantes del Gobierno Nacional y las comunidades del Catatumbo, en la que se acordaron acciones para enfrentar la crisis económica que atraviesan  los productores de la zona  por cuenta de la caída en los precios de la hoja de coca, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, DSCI, ofreció un balance de los adelantos a la fecha. 

Teniendo como prioridad la crisis alimentaria, marcada por altos índices de desnutrición en niños y mujeres en estado de embarazo, la DSCI realizó un empadronamiento preliminar de 18.367 familias en los 12 municipios del Catatumbo y zonas rurales de Cúcuta y El Zulia, de las cuales, según criterios de vulnerabilidad que están por definirse, se beneficiarán hasta 5.000 familias. 

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Felipe Tascón, director nacional de este órgano, explicó que el análisis de los resultados de este pre censo lo hará el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación,  conformado por la Agencia de Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Agencia de Renovación de Territorio, la Gobernación de Norte de Santander y la DSCI.  

Tascón hizo énfasis en aclarar que este procedimiento no era un registro para sustitución, “en ningún momento deben equivocarse”, dijo en atención a una serie de rumores que circuló en algunos pueblos. “Por la crisis existente, la gente tiene disposición de sustituir, pero el pre censo que se levantó no era un registro para esa sustitución”, sostuvo.  

“Esto que estamos haciendo es parte de las peticiones hechas por estas comunidades, ellos lo pidieron y nosotros lo ejecutamos con el apoyo de las juntas de acción comunal”, dijo Tascón, quien explicó que las ayudas consistirán en tres entregas de canastas alimentarias de 6 arrobas, es decir 75 kilos, cada 40 días. 

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En cuanto a los aspectos que se tomaron en cuenta al levantar este empadronamiento, Tascón precisó que cuantificaron hogares con niños de menos de 5 años, hogares con adultos mayores a 60 años, el que incluye ambos criterios, y el que no tiene ni niños ni adultos; asimismo, en otro ítem se aborda el de la ingesta y frecuencia alimentaria, y el tamaño de las parcelas de coca. 

A partir de estos aspectos se miden las condiciones de hambruna o pobreza, y en función de ello se asignarían las ayudas. 

 Asambleas para sustitución de cultivos 

Otro de los aspectos que aborda el Comité es la organización de asambleas con las comunidades del Catatumbo, con el objetivo de definir estrategias para la sustitución del cultivo o el cambio de uso de la hoja de coca, que se siembra en unas 42 mil hectáreas en Norte de Santander, que corresponde al 18% del total de cultivos ilícitos en el país, donde existen 230 mil hectáreas empleadas en este rubro. 

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El director nacional de la DSCI dijo que se prevé la realización de 11 asambleas, que abarcaría todos los municipios productores de coca en el departamento. 

Las reuniones comenzarían en Ábrego, donde participarían también las familias cultivadoras de Bucarasica, La Playa y Ocaña; una segunda en Convención, luego en Cúcuta, con presencia de los cocaleros de El Zulia. 

Posteriormente, seguirían en El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú y La Gabarra. 

“En esas asambleas se van a definir cómo aterrizamos al territorio del Catatumbo el nuevo programa de sustitución de economías ilegalizadas”, dijo, y destacó que serán planes consensuados con las organizaciones y las comunidades, no impuestos por el Gobierno nacional. 

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