Vuelve y juega. Tal y como sucedió en el arranque de la pasada administración de Jairo Yáñez, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, quien cumple tres meses y medio en el cargo, denunció ayer en la tarde que hay intenciones de destituirlo.

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Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el mandatario local señaló directamente al procurador regional de instrucción de Norte de Santander, Omar Javier García, de pretender apartarlo de sus funciones, razón por la cual llamó la atención de la procuradora general, Margarita Cabello, para que “ponga los ojos” en lo que está pasando en la ciudad.

“(…) El procurador regional, Omar Javier García, es un actor permanente en política en la ciudad. Me llamaron de la Gobernación hace rato (ayer) que me iban a tumbar, que Omar Javier lo había dicho. Habló (el procurador) telefónicamente con dos funcionarios míos y les dijo que me iban a tumbar”, aseguró Acevedo en la publicación mediante la cual hizo la denuncia.

El alcalde le insiste a la jefe del Ministerio Público que en su caso lo que hay es una persecución política, pues trajo a colación, igualmente, el episodio de la supuesta letra de cambio por la cual un juez de la república ordenó un millonario embargo en su contra.

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“Actuemos en el marco de la ley. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo, pero que sea en el marco de la ley y no por cuestiones políticas ni acosos políticos (sic)”, dijo, al tiempo que le pidió a Cabello una cita lo más pronto posible en su despacho.

Mediante un comunicado a la opinión pública, el gabinete municipal en pleno manifestó su respaldo a Acevedo y rechazó “cualquier manejo político que se le quiera hacer a las investigaciones que como servidores públicos debemos enfrentar”.

La denuncia del alcalde de Cúcuta ante Margarita Cabello se da después de conocerse que la Procuraduría Regional de Instrucción ordenó, la semana pasada, remitir a la Procuraduría Delegada de Instrucción para la Vigilancia Administrativa la queja interpuesta por el abogado Carlos Arturo Ramos contra Jorge Acevedo, por un posible abandono del cargo.

Los hechos guardan relación con el viaje que el gobernante hizo a Europa, en Semana Santa, y que ha estado rodeado de cuestionamientos, pues aunque inicialmente fue invitado a Ámsterdam a conocer unas experiencias en favor de la ciudad, y en unas fechas específicas, su salida del país finalmente se dio en unas completamente distintas y no a los Países Bajos, sino a España.

“De cualquier manera, es probable que aquí haya un elemento constitutivo de falsedad a analizar por las autoridades, por lo que este quejoso, además, enviará copia de la presente a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue a su vez la posible comisión de una conducta típica o punible”, dice Ramos en su queja.

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En el auto proferido por el procurador regional de Instrucción, Omar Javier García, se ordena también compulsar y remitir por competencia copia de la decisión contra Acevedo al gobernador William Villamizar, para que adelante lo pertinente.

De acuerdo con Carlos Arturo Ramos, lo que procede es que se “declare la vacancia por abandono del cargo”, por parte del dirigente departamental.

No obstante, La Opinión conoció que en la Gobernación están a la espera de que el órgano de control tome una decisión, con el fin de analizar el paso a seguir.

Los alcances de la decisión

A propósito de la queja presentada contra el alcalde, la cual fue remitida por competencia a una delegada y al gobernador, abogados consultados coincidieron en que “sería exagerado” referirse a un presunto abandono del cargo por parte del mandatario.

Los especialistas en derecho disciplinario aseguran que, como el permiso otorgado por William Villamizar, en vista de que el Concejo de Cúcuta se encontraba en receso, fue de tan solo un día hábil, pues el 26 y 27 de marzo no fueron laborales por la Semana Santa, no se configura el  hecho que alega Ramos, toda vez que para que eso se cumpla deben haber transcurrido tres días de ausencia injustificada. El viaje fue entre el 26 de marzo y el 1 de abril.

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“Aunado a esto, hay una total incompetencia del gobernador para juzgar la conducta del alcalde por no ser este su superior jerárquico dada la autonomía de que gozan las entidades territoriales, lo que resultaría una medida inane frente al alcalde municipal”, dice uno de los consultados.

En sus redes sociales, el abogado Martín Santos también explicó que jurídicamente es imposible que se hable en este momento de una destitución del alcalde por este hecho.

“La Sentencia C-030 de 2023 precisa que las sanciones de destitución de funcionarios de elección popular corresponden al juez contencioso administrativo, después de haber agotado el procedimiento a cargo de la Procuraduría, en el que operaría el recurso extraordinario de revisión”, precisó.

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