El asesinato del abogado y veedor ciudadano, Jaime Alonso Vásquez, el domingo, no solo sigue generando reacciones a nivel local y nacional, sino que vuelve a traer a la memoria otros casos en los que hacer públicas presuntas irregularidades en entidades públicas representó la sentencia de muerte para los denunciantes.
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Vásquez, quien en el pasado hizo parte de algunos de los círculos políticos más reconocidos de la ciudad y la región, decidió años atrás ponerse del lado contrario y convertirse en una especie de contrapoder, denunciando y haciendo públicas, a través de sus redes sociales, cuestionadas movidas en diferentes escenarios públicos y privados de la región.
Bajo su radar estuvieron a comienzos de 2020 los presuntos malos manejos que se le venía dando a la Cámara de Comercio de Cúcuta, así como la promoción de la fallida revocatoria del mandato con la que se intentó remover de su cargo, de manera anticipada, al entonces alcalde Jairo Yáñez.
De igual forma, fue protagonista en 2022 del acalorado debate en que terminó un control político contra la empresa Aguas Kpital, por el aumento de las tarifas y el cambio de medidores. Allí, Vásquez sustentó presuntos actos de corrupción que estarían ocurriendo al interior de la compañía.
Las campañas políticas y sus candidatos no escaparon a sus cuestionamientos y en los últimos meses venía levantando ampolla por las aparentes irregularidades en los manejos del sector salud y la contratación del departamento.
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De ahí que el propio presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre su muerte y pidió una “profunda investigación”, por parte de la Fiscalía.
La Secretaría de Transparencia de la Presidencia también se refirió ayer sobre el homicidio de Jaime Vásquez y llamó la atención del Congreso de la República para que priorice el debate sobre el proyecto de ley ‘Jorge Pizano’, destinado a proteger a los denunciantes de presuntos hechos de corrupción.
“Jaime venía adelantando investigaciones sobre actos de corrupción en entidades públicas del departamento de Norte de Santander. Su asesinato es inaceptable y evidencia los riesgos que enfrentan quienes se atreven a denunciar”, manifestó la entidad en su cuenta de X.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría General de la Nación designaron equipos especiales para investigar lo ocurrido y esclarecer los móviles y autores del crimen.
De la misma forma, las organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales manifestaron su consternación por este suceso y advirtieron sobre la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención para los defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, “quienes día a día arriesgan sus vidas en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
Gobernador y alcalde piden investigación
Este lunes se conoció, igualmente, que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, le remitió un oficio a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en el que le pide que, en el marco del principio de colaboración armónica, “se tracen acciones conjuntas para lograr la mayor contundencia, celeridad y premura”, en el desarrollo de la investigación sobre el asesinato de Vásquez.
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El mandatario le insiste a la fiscal que acude a su despacho, convencido de que el trabajo unido hará posible que haya prontos resultados.
Durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea, el gobernador también les manifestó a los diputados que “así como hemos actuado cada vez que se presenta alguna situación, incluso generando recompensas, así también lo estamos haciendo en esta ocasión”.
Por su parte, el mandatario local, junto con la Gobernación, ofrecieron una recompensa que asciende a los $70 millones para dar con los responsables del homicidio del veedor.
“Me duele en el corazón lo que ha pasado. Estamos trabajando y estamos dando todo de nosotros. Los recursos que haya que invertir los vamos a invertir”, dijo.
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Aunque desde distintos sectores se viene pidiendo de manera vehemente que haya avances en las investigaciones y que prontamente se dé con los responsables materiales e intelectuales de este crimen, para muchos, el principal temor es que el hecho quede en la impunidad.
Aquí algunos de los casos más sonados y recordados del departamento en los que otros veedores fueron silenciados por sus denuncias y cómo avanzan sus procesos:
Pedro Durán Franco, un juicio que sigue en veremos
Pedro Durán Franco, activista político perteneciente al Directorio Liberal de Cúcuta y miembro de la Red de Veedurías de Colombia, Red Ver, fue atacado a tiros el 12 de agosto de 2003, mientras se movilizaba en una buseta por el centro de Cúcuta, en compañía de su esposa.
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Para aquella época, su nombre era ampliamente conocido, por cuanto desde su función como veedor ciudadano, venía liderando investigaciones y seguimientos a las presuntas irregularidades que rodeaban la administración del entonces alcalde Manuel Guillermo Mora y en las que, al parecer, estaba comprometido el entonces candidato a la Alcaldía de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.
En las indagaciones que se adelantaron posterior a la muerte de Durán Franco, el nombre de Suárez Corzo salió a relucir, por cuenta de algunas declaraciones de paramilitares, quienes aseguraron que, al igual que el homicidio del exasesor jurídico Alfredo Enrique Flórez, perpetrado el 6 de octubre de 2003, en Los Patios, la muerte del veedor ciudadano se produjo como un favor para el exalcalde.
Después de cuatro años de investigaciones, un fiscal de derechos humanos ordenó la medida de aseguramiento en su contra sin beneficio de excarcelación, como presunto responsable de haber ordenado el asesinato. En octubre de 2013 fue llamado a juicio.
Sin embargo, en abril de 2017 Suárez pidió pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el caso salió de la justicia ordinaria.
En marzo de 2021, la JEP decidió expulsar al condenado exmandatario y revocar la aceptación provisional del sometimiento que había pedido en esa instancia, por el homicidio de Pedro Durán Franco, tras no cumplir sus compromisos de verdad.
Los magistrados ordenaron regresar el proceso al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado para que reanude la etapa del juicio. No obstante, como la salida de Suárez de la Justicia Especial no está en firme, por los recursos interpuestos, el caso sigue en veremos.
Jorge Solano, a la espera de los autores intelectuales
El 3 de noviembre de 2020, a la 1:07 de la tarde, Jorge Solano Vega, más conocido como ‘Coqui’ Solano, líder social y veedor ciudadano en el municipio de Ocaña fue asesinado a disparos en su residencia del barrio Miraflores.
Solano se caracterizó por asumir posturas críticas frente a las actuaciones de los funcionarios públicos y por denunciar presuntas irregularidades que, al parecer, nunca hicieron eco en los organismos de control.
El hombre de 61 años de edad se convirtió en un acérrimo promotor de la lucha contra la corrupción y a través de las redes sociales le pedía a las autoridades que le pusieran un ‘tate quieto’ a este mal.
Por su homicidio, en febrero de 2021 detuvieron a Carlos Daniel Pinzón Ramírez, ‘Ñingui’, y a Luis López Delgado, sindicados de ser los coautores de este asesinato. De la misma forma, fue capturado Víctor Manuel López Manosalva, quien habría sido el encargado de dispararle a Solano.
En la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, un testigo de la Fiscalía señaló al exgerente del Hospital Emiro Cañizares de Ocaña, Jairo Pinzón López, como el hombre que habría pagado para cometer el crimen.
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Aunque el también excandidato a la Alcaldía de Ocaña no está vinculado con el proceso y siempre lo ha negado, Esteban Solano, hijo del fallecido veedor, insiste en que los autores materiales de la muerte de su padre le confesaron que “ellos estaban pagos por Jairo Pinzón”.
El mes pasado se conoció que Luis López Delgado, uno de los tres implicados en el homicidio, fue condenado a 18 años y 2 meses de prisión, luego de que en medio de la audiencia, el hombre aceptara su culpa y llegara a un preacuerdo con el juez.
“Estamos a la espera de que la confesión de Víctor Manuel sea avalada también por el Tribunal y se dicte sentencia. Estas dos personas ya confesaron que fueron los autores del crimen de mi papá”, dijo Solano hijo.
Hoy tendrá lugar la audiencia de juicio oral contra otro de los implicados, Carlos Daniel Pinzón Ramírez, quien está prófugo de la justicia, puesto que en octubre de 2021 quedó libre por vencimiento de términos y aunque tiempo después revocaron la decisión, ya se encontraba evadido.
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