El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta confirmó la tarde de este lunes que la superintendente del Subsidio Familiar (e), Angie Katherine Monroy Bobadilla, incurrió en desacato a la medida cautelar que suspendió la intervención de Comfanorte y por eso la sancionó con el pago de una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente.
En su decisión, la jueza octava, Magda Yolima Prada Gómez, instó a la Super a que cumpla de manera inmediata e íntegra la orden impartida en el fallo proferido el pasado 15 de mayo, en el marco de la acción de tutela instaurada por Oscar Gerardino, quien fungió como director administrativo de la Caja hasta hace 15 días.
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“(..) teniendo en cuenta que la doctora Angie Katherine Monroy Bobadilla en su calidad de superintendente del Subsidio Familiar (e), conoce de la existencia del presente incidente y las implicaciones que conlleva desatender la orden que se impartió en la providencia calendada el 15 de mayo de 2024, se deberá sancionar en los términos del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, pues ninguna efectividad tiene el amparo constitucional cautelar si otra decisión se tomara”, dice la jueza.
¿Por qué el desacato?
Como lo contó La Opinión el fin de semana, la Superintendencia profirió el viernes una resolución acatando la orden emanada por el juzgado de tutela y frenó la que había expedido el 30 de abril, autorizando la intervención administrativa total de la Caja por un periodo de hasta 15 meses.
Sin embargo, en su decisión no contempló el reintegro de Gerardino y, en su lugar, dejó sin timonel a la Caja de Compensación hasta tanto se profiriera un fallo definitivo en el trámite de la tutela, pues también ordenó suspender el ejercicio de la dirección administrativa que le había encomendado a Germán Antonio Bautista en calidad de encargo.
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Por esta razón, ayer, la Caja de Compensación amaneció sin un representante legal y la prestación de los servicios quedó a cargo de los directivos que siguen en funciones, como el revisor fiscal, el secretario general y los subdirectores.
En vista de la situación, muy temprano el intervenido director Oscar Gerardino, presentó una adición al incidente de desacató que había elevado la semana pasada informándole al Juzgado que si bien la Superintendencia emitió un acto administrativo en el que pretendía mostrar el cumplimiento de la medida provisional decretada, era evidente que persistía el incumplimiento, por cuanto no se le permitió asumir nuevamente sus funciones como representante legal.
Ayer en la tarde la justicia le dio la razón, al encontrar que en este caso sí se configuró un desacato a la orden judicial impartida el pasado 15 de mayo, “pues a pesar de que existe una orden judicial la cual se encuentra en firme, la entidad accionada no acreditó el cumplimiento a lo ordenado y, por ende, se encuentra en desacato a la medida provisional”.
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Para el Juzgado, la finalidad de la medida cautelar adoptada, “es la de mantener en lo posible el estado de cosas anterior al acto administrativo suspendido, para evitar que este sea alterado con la ejecución del acto demandado, protegiendo la legalidad objetiva y evitando que se consolide o se cause un perjuicio, tal y como se señaló claramente en la providencia del 15 de mayo”.
En ese sentido, dice la jueza que como Gerardino se encontraba ocupando el cargo de director administrativo de la Caja de Compensación en el momento en que se dio la orden de intervenirla, la consecuencia de suspender provisionalmente dicho acto que lo desvinculó, es volverlo a su estado normal, es decir, proceder con su reintegro.
“Así las cosas, si el acto de desvinculación del accionante, derivado de la orden de intervención administrativa total para Comfanorte, en virtud de la medida cautelar y de manera transitoria no produce efectos, esto significa que, por el término de duración de esta medida, el estado de cosas previo a la expedición del acto acusado, en los términos de la medida cautelar debe mantenerse”, se lee en el auto del Juzgado Octavo conocido por La Opinión.
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Teniendo en cuenta estas consideraciones, la jueza que estudia la tutela de Gerardino consideró que había lugar a sancionar y multar a la superintendente Monroy Bobadilla. También le recordó que en caso de reiterarse la omisión, la sanción se repetirá.
Ante esta nueva determinación, en las próximas horas debería producirse el reintegro del director administrativo, mientras se resuelve de fondo el recurso de amparo que instauró y con el que reclama la protección de derechos como el trabajo digno y el buen nombre.