Las autoridades arrestaron este viernes en Barranquilla al polémico contratista Emilio Tapia, en respuesta a la determinación de un juez de Bogotá que revocó el beneficio de libertad condicional que lo cobijaba.
Tapia, condenado por el carrusel de la contratación y quien también resultó salpicado en el escándalo de Centros Poblados, había logrado en abril pasado su libertad condicional, pero el juzgado 15 penal de circuito de conocimiento de Bogotá consideró que había al menos dos razones para ordenar su recaptura, en decisión tomada el pasado 10 de octubre.
"Ordenar la captura inmediata de Emilio José Tapia Aldana, a través del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla y/o quien corresponda, para que el sentenciado prenombrado continúe con el tratamiento penitenciario al que viene siendo sometido, en el establecimiento que disponga el Inpec", señaló un aparte de la decisión, de 25 páginas.
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El juzgado estimó que los delitos cometidos por el contratista y empresario en el llamado cartel de la contratación en Bogotá eran lo suficientemente graves y lesivos como para permitirle obtener libertad condicional.
Añadió que Tapia reincidió en otros hechos de corrupción, en medio de su condena, como fue el caso de Centros Poblados, que se conoció en agosto de 2021 y relacionado con un contrato millonario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic), que pretendía llevar conectividad a internet a escuelas rurales del país.
Sin embargo, nunca instalaron los centros digitales del contrato y se esfumaron los $70.000 millones que la cartera TIC le giró como anticipo, lo que derivó en investigaciones disciplinarias y judiciales, en las que terminó de nuevo involucrado Tapia.
En diciembre de 2024, Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el caso de corrupción de Centros Poblados y en irregularidades contractuales en las Empresas Municipales de Cali (Emcali).
El empresario, a través de un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Asimismo, se comprometió a colaborar con la justicia y asumió la responsabilidad de reintegrar $5.063 millones que había apropiado ilícitamente.
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La investigación reveló que en 2020, Tapia organizó un esquema fraudulento para participar en la licitación pública del MinTic para dotar de internet a escuelas rurales por un billón de pesos.
Tapia constituyó la Unión Temporal Centros Poblados, mediante la compra de experiencia de otras empresas y la presentación de pólizas bancarias falsas para garantizar el contrato.
Tras la adjudicación y legalización del contrato 1043 de 2020, el contratista gestionó un anticipo de más de $70.000 millones, de los cuales $5.063 millones fueron usados para adquisiciones personales, incluyendo obras de arte, vehículos y el pago de honorarios legales.
En 2021 replicó un esquema similar al conformar un consorcio con empresas bajo su control para adjudicarse dos contratos de Emcali destinados a obras en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, por $3.798 millones y $2.414 millones.
Para obtener los contratos, falsificó pólizas que garantizaban el cupo de crédito requerido, induciendo a error a funcionarios de Emcali que aprobaron la contratación. Estos hechos configuraron nuevamente delitos que llevaron a la condena impuesta.
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