Como es habitual en el Congreso de la República, la reanudación de las sesiones legislativas llega cargada de proyectos, muchos de los cuales terminan dando de qué hablar y en esta oportunidad no es la excepción.

Una de esas propuestas que no tardó en abrir la polémica fue la que presentaron 12 congresistas del partido Centro Democrático, quienes consideran que ante el crecimiento de la inseguridad y la criminalidad, se hace necesario flexibilizar el decreto que prohíbe el porte de armas en el país y permitir de esta manera que los ciudadanos tengan derecho a defenderse cuando alguien quiera atentar contra sus vidas.

“Con este proyecto queremos tener la legislación que salvaguarde y proteja a los colombianos del crimen y la violencia. El que quiera tener su arma y esté en plenas facultades, que no tenga antecedentes, que va a quedar en un portal y que va a ser responsable de lo que suceda con esa arma, es quien va a poder usarla”, argumentó la senadora María Fernanda Cabal, una de las promotoras de la iniciativa.

Y si bien no es la primera vez que se habla de este asunto, el nuevo proyecto del CD revivió el debate sobre la conveniencia de esta propuesta, al punto que en el propio partido de Gobierno hubo discrepancias.

 El mismo jefe de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se mostró distante de la idea de sus 12 copartidarios. “Es un tema muy delicado, no pidamos generalización de porte de armas. Manteniendo el decreto de desarme se puede pedir a las brigadas agilizar los permisos excepcionales y por razones plenamente justificadas”, escribió el también exsenador en Twitter.

No obstante, otros uribistas como la senadora por Norte de Santander, Milla Patricia Romero, resaltaron que el proyecto respeta el artículo 223 de la Constitución, que reza que “el Gobierno tiene el monopolio de las armas y es el único que puede otorgar permisos para poseerlas o portarlas”.

Para la congresista, la iniciativa de sus compañeros da claridad jurídica para los permisos o suspensiones de los mismos. “De hecho, en el artículo 2 contempla la suspensión general y específica que en ese evento nadie podrá portar un arma”.

“En conclusión, el proyecto no busca armar a todos los ciudadanos, lo que hace es dar claridad en los permisos de tenencia y porte, en caso de que se autoricen. Además, establece sanciones severas a las malas conductas y por último posibilita la incautación rápida de las armas no autorizadas o sin permiso”, manifestó.

En Cúcuta el debate tampoco es nuevo

En la capital nortesantandereana también se refirieron a la propuesta, comenzando por el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejandro Martínez, quien calificó de “sensible” el tema de la legalización de armas.

“Antes de decir si se está o no a favor de su legalización, es importante analizar el contexto, teniendo en cuenta siempre como eje central que la decisión beneficie a la ciudadanía. Esto implica determinar si efectivamente contribuye a disminuir la inseguridad o si, por el contrario, la incrementa”, dijo el funcionario.

A finales de 2019, Cúcuta fue escenario de un debate similar al que se está dando hoy, luego de que los electos concejales en ese momento Jorge Acevedo, Edwin Duarte Gómez y Edison Contreras le hicieran llegar un oficio al presidente Iván Duque en el que le planteaban la posibilidad de considerar “seriamente”, permitir el porte de armas en el departamento.

En ese entonces, Jairo Libreros, abogado y experto en temas de seguridad, se refirió a la petición y manifestó que no hay ningún estudio técnico o científico que demuestre que un mayor número de armas portadas, garantice condiciones de seguridad.

Más de un año después, el concejal Contreras dijo que mantiene 100% su posición y petición, pues señaló que las últimas acciones de delincuentes armados en la ciudad han puesto en riesgo la vida de civiles y de los propios miembros de la Policía.

“Siempre nos hemos mantenido en esa idea frente al porte de armas y de sacar al Ejército Nacional a patrullar junto a la Policía. Más en Cúcuta, porque es una ciudad compleja, con tanta inseguridad, con delincuencia armada, que no da tregua para llegar a asesinar a personas inocentes”, aseguró.

Otras reacciones

El diputado de Norte de Santander, Juan Carlos Bocanegra, no ve como una solución armar a los ciudadanos para garantizar su seguridad, pues insiste en que esa es una tarea de las autoridades.

“En nuestra sociedad, donde por cualquier excusa se puede formar una riña y la intolerancia desata cualquier tipo de violencia, legalizar el porte de armas podría resultar bastante peligroso. Armar a los colombianos no es la solución para enfrentar la inseguridad. ¿Acaso las muertes en las trochas, la violencia del Catatumbo y el terror que generan las bandas delincuenciales debería ser combatidos por el ciudadano del común?”, cuestionó.

En contraste, el concejal Jair Díaz, del Partido Alianza Verde, se mostró a favor del porte de armas por parte de los ciudadanos, “siempre que su uso sea correcto”.

“Se debe renovar esa medida por la problemática que estamos viviendo hoy en día, por la inseguridad que nos asiste en todos los barrios y comunas, siempre y cuando este uso de armas sea correcto, con unos estrictos parámetros”, señaló.

Por su parte, el concejal del Centro Democrático, Carlos Dueñas, resaltó la propuesta, pero pidió mirar con lupa cada uno de los casos.

“Muchas veces el ciudadano de bien, que se esfuerza por crear su propio capital, se encuentra en un escenario de indefensión total, entonces, me parece pertinente, al menos, que se traiga a discusión este tema para que se le pueda dar una flexibilidad al porte a quienes están dentro del marco de la ley”, sostuvo.

El debate en la ciudad, al igual que en el resto del país sigue abierto, pero ya el propio Gobierno ha dicho que el camino en Colombia no es armar a los ciudadanos, razón por la cual se apartó de la iniciativa.