En los últimos dos procesos electorales que han tenido lugar en el país, para Congreso, Presidencia y autoridades locales y regionales, el fenómeno de las candidaturas por firmas se disparó. Solo en los comicios del año pasado, más de 1.300 grupos significativos de ciudadanos se inscribieron en el país a los diferentes cargos, especialmente a gobernaciones y alcaldías, con el fin de recoger firmas para avalar candidatos, pero al final la mayoría de ellos terminó respaldado por uno o varios partidos.

Ante las críticas que han surgido por cuenta del abuso que se le estaría dando a esta figura, toda vez que los inscritos por firmas no solo pueden anticipar la campaña, sino que también disponen de recursos en la etapa de recolección de los apoyos sin que deban someterse a mayores controles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió presentar un proyecto al Congreso para ponerle un ‘tate quieto’ a los que decidan optar por esta vía.

La presidenta de la corporación, Maritza Martínez Aristizábal, explicó que el propósito de la iniciativa es garantizar la transparencia en la financiación de las campañas electorales y fortalecer la capacidad de la autoridad electoral para su supervisión y control.

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“Vamos a lograr que los grupos significativos de ciudadanos rindan cuentas de la etapa de recolección de firmas. Hoy no lo hacen, hoy no está previsto una sanción si no cumplen con esta obligación y esto ha generado una asimetría en los montos de los recursos que manejan las campañas de los grupos significativos, frente a las que manejan los partidos y movimientos políticos con personería jurídica”, explicó la magistrada.

En ese sentido, la norma que pusieron a consideración del Congreso, propone que, dentro de los cinco días siguientes a la inscripción de las candidaturas por firmas, el comité inscriptor de los grupos significativos de ciudadanos presentará el informe consolidado de ingresos y gastos de la etapa de recolección de firmas.

“En caso de no haber formalizado la inscripción de las candidaturas, el comité inscriptor deberá entregar el informe a más tardar el último día de inscripción de candidatos. Al informe de ingresos y gastos de campaña de que trata el presente artículo, los grupos significativos de ciudadanos deberán presentar en anexo separado el informe sobre la financiación de la etapa de recolección de firmas”, dice uno de los artículos del proyecto.

Nada de dinero en efectivo

El proyecto de ley que radicó esta semana el Consejo Nacional Electoral plantea también un mayor control a las contribuciones y donaciones que se hagan a las campañas. En ese sentido, sugiere adicionar un parágrafo al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, el cual quedará así: “Prohibición de dinero en efectivo.

Las contribuciones, donaciones y créditos en dinero para la financiación de las campañas electorales previstos en el artículo 20 de esta ley, deberán realizarse mediante transacciones bancarias en entidades financieras legalmente autorizadas. Se prohíben los aportes y cualquier tipo de manejo de dinero en efectivo para el desarrollo de las campañas”.

Freno a la ‘jugadita’

Otro aspecto clave que propone la iniciativa del Consejo Nacional Electoral es que aquellos candidatos que sean postulados por un grupo significativo de ciudadanos y respaldados por firmas, no podrán recibir posteriormente el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica para participar en la misma elección.

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“El incumplimiento de esta regla será causal de revocatoria de inscripción de la candidatura”, dice la ley estatutaria radicada el martes.

La presidenta del CNE aseguró que las cifras hablan por sí mismas, sobre la necesidad de regular esta figura, pues se está desnaturalizando, al perder el aspecto alternativo que se ha buscado. Además, considera que al terminar coavalados por partidos, los candidatos no están siendo totalmente transparentes con los ciudadanos que han refrendado con su firma esa aspiración.

“El aumento desproporcionado de este mecanismo obedece, principalmente, a las ventajas que ofrece a los candidatos para buscar apoyo electoral. Aunque sin duda es legítimo que la ciudadanía quiera participar en política por fuera de los partidos constituidos, los incentivos existentes son lo suficientemente fuertes para que la recolección de firmas sea un simple medio para adelantar la campaña. Muestra de esto es que al momento de inscribirse los candidatos desisten de la postulación del comité inscriptor, para recibir el aval de los partidos y movimientos políticos”, asegura el CNE.

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Adicionalmente, para la magistrada, además de ampliar el tiempo para promocionar la campaña, sin que tengan restricción alguna, esta doble vía a la que están apelando quienes hacen uso de los grupos significativos, es un medio para medir la popularidad de los candidatos y buscar alianzas con las organizaciones políticas existentes.

“La reforma propuesta, en consecuencia, busca mitigar el abuso de este mecanismo legítimo de participación política. Utilizarlo para evadir los límites que impone el calendario electoral a los demás candidatos es un abuso del mecanismo y pone en una situación de ventaja injustificada a quienes buscan luego recibir el aval de una organización política con personería jurídica”, dice la justificación del proyecto de ley, al tiempo que insiste en que de lo que se trata es de poner fin a esta práctica.

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