El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló al gobierno del presidente Gustavo Petro de estar emprendiendo una estrategia de intimidación en medio del pulso que se ha desatado por la deuda de $1,2 billones que la Nación acumula con el Grupo EPM por el pago de los subsidios de servicios públicos.

Aunque el alcalde sostuvo que la compañía antioqueña no tiene nada que esconder y está dispuesta a entregar toda la información que le sea solicitada por los entes nacionales, planteó que dicha inspección no sería más que un escarmiento que el presidente estaría emprendiendo para que otras ciudades no sigan el camino de Medellín y también se vayan a las vías legales.

“Lo que se ve aquí claramente es una venganza del presidente Petro. La tal inspección que le quieren hacer a EPM y todas sus filiales está amparada en una falsa motivación. Igual estamos listos para todo, porque nosotros cumplimos con la ley. Están actuando con odio, con rabia, y mal hace el presidente Petro y el ministro en abusar del poder”, dijo Gutiérrez.

¿Por qué el Gobierno ordenó la inspección a EPM?

La inspección a la que se refería el alcalde se conoció durante la tarde del pasado martes, cuando se filtraron a la opinión pública aparte de un oficio enviado por el Ministerio de Minas y Energía a la Superintendencia de Servicios Públicos, en la que se le solicitara inspeccionar e EPM.

“En atención a las competencias que la Constitución Política y la ley asignan a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en materia de inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios públicos, el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales”, quedó plasmado en el documento publicado por el periódico El Tiempo.

Esta solicitud a su vez se produjo un día después de que se conociera que un juez de Bogotá ordenara el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional, en medio de una demanda interpuesta por Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) por la falta de pago de la Nación de los subsidios para el servicio de energía.

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El impacto financiero de la deuda del Gobierno con EPM

Si bien en enero pasado, la información entregada por EPM daba cuenta de que esta última filial tenía un faltante de $148.000 millones, la demanda fue admitida por una cifra de $46.912 millones. Este último total se desagregaba en $41.654 millones “por concepto de saldos insolutos derivados de obligaciones reconocidas en las resoluciones 00472, 00702, 01251 y 01961” y otros $5.258 millones por concepto “de intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida” asociados a la primera cifra.

Por su parte, según quedó plasmado en un autopublicado por el alcalde de Medellín, el monto para el embargo contra la Nación ordenado por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá ascendía a $83.309 millones.

Según expresó el pasado lunes el alcalde Gutiérrez, la demanda no había sido más que el resultado de los intentos fallidos de dialogar con el gobierno por el impago de los subsidios de energía.

El mandatario distrital advirtió que, junto a CENS, más filiales también habían interpuesto acciones, influyendo Afinia, que según EPM tiene un hueco de $695.000 millones por el impago de esos mismos subsidios.

“La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno Nacional por deudas que tiene con EPM y sus filiales. El Gobierno Nacional aún no paga la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM y a sus filiales. Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, expresó el lunes el alcalde.

Respuesta del Gobierno: “Es una maniobra política”

Aquel mismo día, en medio del consejo de ministros televisado, tanto el presidente Gustavo Petro como el Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le salieron al paso a la situación y la tildaron como una supuesta maniobra política.

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“Esta es una maniobra política y electoral si se quiere decir. El alcalde de Medellín, violando las normas del gobierno corporativo de EPM, usa una decisión judicial para hacer política, por la razón sencilla de que las cuentas de la Nación son inembargables, argumento suficiente para impugnar la decisión. Si bien es cierto reconocemos que hay algunas deudas al sector, por cuenta del déficit fiscal en el que nos metió el gobierno anterior y el congreso actual, las filiales de EPM han recibido el 85% de los pagos”, dijo Palma.

Más conflictos entre Medellín y el Gobierno Nacional

La disputa entre la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional no se limita a los subsidios. Medellín también interpuso acciones legales para que el Gobierno Nacional responda por los recursos pendientes del metro ligero de la 80 en la vigencia 2024 y el congelamiento de los recursos para la vigencia 2025, qué unidos suman aproximadamente $1 billón.

“Aquí hay una falsa motivación”, añadió Gutiérrez este miércoles refiriéndose a la inspección solicitada, “yo creo que el país no tiene ninguna duda de que esa inspección que le quieren hacer a EPM ordenada desde la Presidencia de la República y el Ministerio de Minas es una venganza, además política. Gustavo Petro ya actúa como dictador”, sostuvo.

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