La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 4 rechazó la solicitud de nulidad que había presentado el exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, contra el proceso disciplinario que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de la Urbanización Cormoranes.
En su lugar, el ente de control ordenó sancionarlo con la destitución y una inhabilidad general de nueve años para ejercer cargos públicos, al encontrarlo responsable de los cargos que le habían formulado en 2019.
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La decisión de primera instancia cobija también a los exsecretarios de despacho Área Dirección de Fortalecimiento Corporativo, Jimy Galán Villamizar; de Infraestructura, Oswaldo Grajales Rosas para el año 2013, y Juan Carlos Sierra Castellanos para el 2015, y la secretaria Privada Área Dirección Relaciones Institucionales para el 2015, Irly Yesenia Sandoval Pacheco.
Tanto al exmandatario, quien gobernó en el periodo 2012-2015, como a los demás funcionarios para la época de los hechos, la Procuraduría les reprocha el haber desconocido, presuntamente, el principio de planeación de la contratación estatal,durante la elaboración de los estudios previos y la suscripción de las contrataciones mediante las cuales se construyeron las etapas I y II del CDI de Cormoranes, las cuales más adelante presentaron fallas estructurales que imposibilitan su funcionamiento.
“Para la Procuraduría, los estudios que sirvieron de fundamento a los contratos de obra nro. 876 de 2013 y 767 de 2015, al parecer, eran deficientes por cuanto permitieron el desarrollo de la edificación en un terreno que presentaba inestabilidad y saturación del suelo por aguas de infiltración, lo cual conllevó que las obras ejecutadas presentaran fallas estructurales que impiden la prestación de los servicios a niños y niñas de la primera infancia”, informó en su momento el Ministerio Público.
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El ente de control le cuestiona al exalcalde que, aparentemente, omitió la vigilancia y control sobre la delegación otorgada al secretario de la Dirección de Fortalecimiento Corporativo, lo que permitió la suscripción del contrato de obra número 876 el 30 de agosto de 2013, pese a que los estudios eran deficientes.
El fallo conocido por La Opinión, sin embargo, no está en firme todavía y contra el mismo procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General.
Contra Donamaris Ramírez avanza también un proceso penal por el fallido proyecto de Cormoranes. Al exmandatario lo acusan de haber incurrido, presuntamente, en los delitos de prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Por estos hechos, un juez ordenó la detención domiciliaria de Ramírez y el pasado 17 de mayo el exgobernante local se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, para cumplir con la medida.
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