Los diferentes sectores políticos reaccionaron a la decisión del Consejo de Estado de prohibirle al presidente Gustavo Petro transmitir los consejos de ministros a través de los canales públicos.

El fallo del Alto Tribunal generó un total revuelo en el sector político -y hasta al interior del mismo gobierno- por esta decisión que señalan, se da con la finalidad de proteger el derecho de la información de la demandante que inicio el proceso judicial.

El representante de Cambio Radical, Julio César Triana, celebró la decisión al asegurar que “el Consejo de Estado  pone fin al abuso del presidente en la utilización de los medios de comunicación para transmitir sus consejos de ministros que resultaron en insultos para la oposición”.

Desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe aseguró que con esta decisión, “la politiquería y el abuso de Petro con sus interminables Consejos televisados se termina”.

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Y agregó que, “la decisión del Consejo de Estado confirma la denuncia y la advertencia que hicimos oportunamente. Gustavo Petro no puede transmitir de manera indiscriminada los consejos de ministros, en donde busca capturar la agenda informativa. No transmite información relevante para los colombianos, por el contrario, busca hacer politiquería engañando a la opinión pública”.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras señaló que esta decisión “frena los abusos de Petro” y se pregunta si Petro “acata el fallo o, como ya es costumbre, vuelve a burlarse de la justicia. ¿Hasta dónde llegará este dictadorzuelo mentiroso y calumniador?”.

Desde el Pacto Histórico cuestionaron la decisión, como el representante Heráclito Landinez, quien sostiene que la decisión “pone por encima de los intereses nacionales los comerciales; menosprecia la soberanía de los ciudadanos que eligieron al presidente y desconoce las Sentencias de la Corte Constitucional sobre el tema”.

Igualmente, Alejandro Ocampo señaló que el fallo “le quita la posibilidad a los ciudadanos de informarse sobre lo que piensa el presidente y sus ministros y es desigual; porque restringe la opinión del gobierno, pero a quienes tiene la infraestructura mediática para opinar en contra del gobierno son derecho a la contradicción no los regula y eso es desigual”.

El gobierno ya anunció que impugnará la decisión ante el Consejo de Estado e iniciará una nueva disputa judicial entre el ejecutivo y las Altas Cortes.

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