En septiembre de 2020, Wilson Ruiz fue anunciado como nuevo ministro de Justicia. En medio de la pandemia asumió la cartera y en entrevista con COLPRENSA entrega un balance de su gestión que incluye datos de hacinamiento, lo logrado ante el Congreso y habla de la ley que endurecerá los criterios de judicialización para reincidentes.

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“Estamos terminando de hacer unos ajustes buscando el mejor texto posible”, dice Ruiz al respecto de esta iniciativa que en lo referente a cargos por hurto tendrá penas diferenciadas de acuerdo al monto del objeto robado.

Un año en la cartera de Justicia, ¿cuál es su balance?

Hemos registrado resultados en la relación con el sistema judicial, entre los que podría enunciar la aprobación de la reforma a la ley estatutaria de la administración de justicia después de 25 años de buscar una reforma a la justicia, logramos conseguir la financiación de la transformación digital de la Rama Judicial con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares y con el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura, logramos impulsar la creación de jueces especializados para conocer de los casos por violencia en contra de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

En el sistema carcelario y penitenciario logramos reducir el hacinamiento del 54.5% al 16.7%, se crearon cerca 1.500 nuevos cupos en los 132 establecimientos de reclusión del país y para el fin de esta anualidad entregaremos más de 2.000 cupos adicionales.

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Con el Consejo Superior de Política Criminal creamos por primera vez en el país un Plan Nacional de Política Criminal, un plan que permitirá coordinar a todas las instituciones del Estado para hacer frente a la criminalidad y atender los problemas sociales que generan mayor incidencia en la seguridad de los ciudadanos. También se logró expedir el decreto que reglamenta la industria del cannabis, que contiene, además, la autorización para la exportación de la flor seca de esta planta, enfatizando su uso medicinal con el referente internacional de apertura de nuevos mercados.

Quizá sea usted el ministro al que más leyes le aprobaron en la legislatura pasada…

Logramos que el Congreso de la República nos aprobara nueve proyectos de ley, normas que se están implementando y que consideramos de gran importancia para fortalecer la administración de justicia.

Normas como el proyecto que regula los consultorios jurídicos para prestar un servicio a las comunidades en la resolución de conflictos y así evitar que lleguen tantos procesos a los despachos judiciales. En ese mismo sentido, la ley que fortalece los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación. También la ley que regula la confirmación y funcionamiento de las comisarías de familia, el proyecto contra los delitos que afectan los recursos naturales y el medio ambiente, la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la ley de depuración normativa que saca del ordenamiento jurídico normas que están en desuso o que contrarían la Constitución y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que se logró después de 25 años de buscar una reforma que permitiera actualizar la justicia a las necesidades de hoy; entre otras normas.

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Hablando de leyes, ¿qué se puede esperar del proyecto para que los reincidentes no queden en libertad?

El proyecto tiene por finalidad la creación y el fortalecimiento de los instrumentos jurídicos con que cuentan las autoridades para consolidar la seguridad ciudadana, por lo cual se contemplan modificaciones al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y se establece una regulación sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones.

¿En qué fase está?

El proyecto se está terminando de construir en una colaboración entre los Ministerios del Interior, Defensa y Justicia. Esperamos tener el mejor texto para que sea una herramienta eficaz para combatir la delincuencia.

¿Cuál son los puntos de esta iniciativa?

El proyecto contempla varias iniciativas. Por ejemplo, se introduce como circunstancia de agravación punitiva que el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso, dentro de los cinco años anteriores.

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Se crean como delitos autónomos la intimidación y amenaza con arma de fuego, el porte de arma blanca y la obstrucción de la función pública.

En el delito de hurto se establecen penas diferenciadas, según la cuantía del objeto hurtado en salarios mínimos legales vigentes.

Establece que al delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego se le incluyan las armas, elementos o dispositivos menos letales o cuando hayan sido alteradas para aumentar su letalidad. Incluye como situación de peligro para la comunidad cuando se utilicen armas de fuego convencionales y no convencionales, es decir, las que sean menos letales, porque la intención de hacer daño es la misma con cualquier tipo de arma y el resultado es el mismo frente a la afectación a los bienes jurídicamente protegidos.

Mientras que salga esa ley y se ponga en vigencia la misma, ¿qué puede esperar la ciudadanía ante el incremento de los delitos?

La instrucción del Presidente Iván Duque es combatir de frente la delincuencia, incrementar los esfuerzos para desarticular todas estas organizaciones dedicadas a las diferentes modalidades del delito. Hay total compromiso por parte de los organismos de seguridad para combatir la criminalidad y la Fuerza Pública está dando resultados importantes en esa lucha, se están fortaleciendo todas las unidades de inteligencia. También ese llamado a los jueces para que, como parte del Estado colombiano, sigan respondiendo al clamor general de judicializar de manera oportuna a quienes atentan contra los ciudadanos, dentro del marco de sus competencias y respetuosos como siempre lo han sido de la construcción y la ley.

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De ser aprobada esa ley cuando entre en vigencia un efecto inmediato es que habrá más delincuentes en prisión, pero ¿sí habrá cárcel para tanto criminal?

Nos estamos preparando para esa situación. Actualmente tenemos una cifra histórica de hacinamiento en el país, con un promedio del 16.7%, hace 18 meses estábamos con un hacinamiento del 54.4%

Esta reducción del hacinamiento nos ha permitido hacer traslados de detenidos en estaciones de Policía y URI, que por ley son responsabilidad de los entes territoriales, pero en esa contribución a dar solución a la situación que se vive en estos lugares este año hemos recibido en cárceles y penitenciarías más de 31.500 privados de la libertad provenientes de esos centros de detención transitoria.

Igualmente, hemos entregado este año cerca de 2.000 cupos carcelarios nuevos y se adelantan obras para tener listos unos 2.000 cupos más para finales de este año. Adicionalmente se están construyendo nuevos establecimientos de reclusión que nos permitirán tener más capacidad para atender esa demanda de cárceles. Uno de esos establecimientos se construye en zona rural de Sabanas de San Ángel (Magdalena) y tenemos un megaproyecto en Bogotá con capacidad para 11.000 cupos, iniciativa que se adelantan con el apoyo de la Alcaldía Mayor.

De otro lado, ¿qué cifras maneja el Ministerio sobre las extradiciones de grandes delincuentes?

En este año hemos logrado los mejores resultados de los últimos años, con 285 extradiciones firmadas y 228 que han sido efectivas. Entre las extradiciones que logramos destrabar está la de Luis John Castro Ramírez, alias ‘el Zarco’, quien fue enviado desde España.

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También se extraditaron a Estados Unidos los primeros miembros del ELN para responder por delitos asociados a narcotráfico. Se trata de Henry Trigos Celón, José Gabriel Álvarez Ortiz y Yamit Picón Rodríguez, ‘Chonta’, y estamos por extraditar a un cuarto exintegrante de esa guerrilla.

Igualmente fue enviado en extradición el exmiembro del Bloque Calima de las Autodefensas, Alexánder Montoya Úsuga, quien responde ante la Corte del Distrito Sur de la Florida por cargos de narcotráfico.

Estamos a la espera de que la justicia de España termine los trámites para la extradición a Colombia de Jonathan Zuluaga Celemín, ‘el Nene’, requerido por la justicia colombiana para que responda por más de cien homicidios y del señor Carlos Mattos, cuya extradición ya fue aprobada pero se está a la espera que se resuelvan unos recursos que ha interpuesto su defensa para dilatar este procedimiento.

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