Por razones de seguridad alcalde de La Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez García, gobierna a control remoto su municipio.

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Errante de la tierra que lo vio nacer, maneja desde Cúcuta, a la espera de las directrices de los organismos de seguridad del Estado. 

El mandatario quiso regresar a la población el pasado 4 de junio para celebrar el día del campesino con una Feria de emprendedores y fue recibido con disparos de fusil desde los cerros aledaños, lo que obligó su salida de esa población.

Álvarez lamenta la persecución iniciada desde el mismo instante de la elección, aspecto que entorpece la ejecución de las obras contempladas en la plataforma de gobierno.

“En estos momentos estamos despachando desde la ciudad de Cúcuta, es una situación bastante compleja. Esperamos que la gobernación de Norte de Santander y el Gobierno Nacional tome cartas en el asunto”, indicó.

Confiesa que es bastante difícil regresar al territorio ya que ha sentido en carne propia las amenazas y atentados en contra de la integridad.

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“Existe percepción de seguridad en el pueblo, el Ejército siempre ha estado, la Policía nacional hace lo mismo, pero las cosas cambian cuando decido despachar ante alguna sugerencia del ministro de Defensa, pero ese domingo no fue posible”, agregó.
 

No hay condiciones para el retorno

Este viernes expira la resolución por medio del cual la gobernación de Norte de Santander concede facultades para despachar desde la capital del departamento y la ampliación de ese periodo está sujeto a los estudios de seguridad adelantados por el Estado.

En la actualidad cuenta con una camioneta y el esquema de escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección, pero considera que las condiciones no están dadas para el retorno a Playa de Belén, ya que su presencia es rechazada allá.

Desde un principio Íder Álvarez se opuso a las pretensiones de algunos grupos al margen de la ley de entregar recursos para dejarlo gobernar. En ese entonces aseguró que los pocos dineros para solventar las necesidades de los habitantes de la región no los podía destinar a esas personas.

“Es triste vivir una situación tan apremiante, ya que quiero volver a terminar el mandato otorgado por la voluntad del pueblo y los violentos no me dejan”, reiteró.

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El año pasado se salvó de un atentado terrorista cerca al sitio denominado La Virgencita, del puente San Francisco, en la carretera que conduce hacia esa población.

Los violentos incluso han ordenado suspender las obras que ejecuta el gobierno local entorpeciendo el normal desarrollo de la administración municipal.

El temor sigue latente luego de terminar el periodo de gobierno ya que está en la mira de los violentos.
 

Intimidaciones a la orden del día

La Defensoría Nacional del Pueblo prendió las alertas tempranas ante el incremento de las amenazas a los mandatarios en todo el territorio colombiano.

El más reciente reporte da cuenta de cómo en época preelectoral no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas, también servidores públicos, como alcaldes y concejales, son blanco de las intimidaciones realizadas por organizaciones ilegales.

“En un trabajo de seguimiento en terreno realizado por nuestras 42 Defensorías Regionales que hacen presencia en todo el territorio nacional, encontramos que 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando afuera de sus municipios, y todo porque fueron amenazados por grupos armados al margen de la ley”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En el Norte de Santander se encuentran el alcalde de La Playa de Belén, Íder Humberto Álvarez García y Nelson Leal de Tibú, quienes despachan desde la ciudad de Cúcuta.

Para el defensor “es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”.

Otros funcionarios, también debido a amenazas de actores armados, han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal han tenido que salir de sus municipios en varios departamentos, entre estos Cesar y Norte de Santander.

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Para la entidad resulta sumamente alarmante el fenómeno de desplazamiento institucional, ya que en varias regiones del país ni siquiera las autoridades elegidas por voto popular puedan permanecer en sus territorios y ejercer sus labores.

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