Una vez más, el presidente de la República, Gustavo Petro, agitó la tensión en el país, al insistir en que en su contra se quiere promover un “golpe de Estado”, razón por la cual empezó a  convocar  al pueblo colombiano, para defender lo que él considera es “una burla al voto popular”.

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El argumento con el que intenta, esta vez, refrendar el respaldo ciudadano en las calles, es el concepto que entregó hace unas semanas el Consejo de Estado y en el que manifestó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República.

Aunque esta no es la primera vez que el CNE hace seguimiento a la financiación de una campaña presidencial y le pone la lupa a los informes de ingresos y gastos, por posibles irregularidades en los datos reportados, Petro insiste en que a él lo quieren destituir “sin haber cometido delito alguno, sin dolo alguno”.

“Mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo, en un concepto no vinculante, del fuero integral del actual presidente de Colombia, inició un golpe de estado a la colombiana (sic)”, escribió el presidente en su cuenta de X, su habitual tribuna para comunicarse.

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En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que con los votos de sus enemigos políticos, pretenden arrebatarle el cargo, primero, desde el Consejo Nacional Electoral y luego desde la Comisión de Acusaciones.

“La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la Constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas”, manifestó.

Ante lo que él considera es una arremetida por parte de sus opositores, Petro, de inmediato, convocó “a ese gigante dormido, al pueblo colombiano: a sus juventudes, a su campesinado, a sus trabajadores, a sus mujeres a movilizarse en las calles contra el golpe de Estado”.

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A la convocatoria hecha por el jefe de Estado ya respondió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que confirmó una movilización de las centrales obreras, en respaldo de Gustavo Petro, el próximo 19 de septiembre.

No obstante lo dicho por el presidente de la República, cabe recordar que durante los dos anteriores gobiernos, en el CNE también se adelantaron investigaciones similares contra los expresidentes Juan Manuel Santos, por  el sonado escándalo de Odebrecht, (que también llegó a la Comisión de Acusaciones) e Iván Duque, por presunta violación de topes y omisión de información, luego de que la exsenadora Aída Merlano denunciara el ingreso de una millonaria suma de dinero a esa campaña, por parte del empresario Julio Gerlein.

Nada nuevo

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE) confirmaron que, en efecto, el concepto entregado por el Consejo de Estado y que el presidente de la República cuestiona, no dice nada distinto a lo que ya está establecido en la ley.

“El Consejo de Estado no dijo nada raro y nada que no estuviera o en la Ley de Garantías o en la Constitución Política. Lo que se le está diciendo al CNE es que a ellos les corresponde hacer la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas y eso no es nuevo”, precisó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

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Agregó que, haya quedado elegido el candidato o no, esta corporación tiene dentro de sus funciones, la vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas.

“Cuando se vuelan los topes y el candidato no quedó elegido, hay una responsabilidad solidaria del gerente, el tesorero, el auditor y el candidato a la Presidencia, tanto para lo administrativo, lo penal y lo disciplinario. Aquí es donde empieza la discusión, y es ¿qué pasa con una campaña política cuando el candidato sí queda elegido?”, explicó Barrios.

Al respecto, señaló que en el concepto proferido en agosto, el alto tribunal dejó claro que la competencia de los temas penales y disciplinarios en  el caso de un presidente de la República, es de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Donde la MOE cree que es necesario hacer mayor claridad, es en una de las conclusiones que incluye el concepto y en la que se establece que el fuero  del presidente “se predica de las investigaciones penales y disciplinarias, sin que se pueda hacer extensivo a las investigaciones administrativas por presunta violación al régimen de financiación de campañas electorales que dan lugar a sanciones de tipo administrativo de competencia del CNE”.

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Para la MOE, lo anterior, se interpreta como que, antes de pasar el caso a la Comisión de Acusaciones, el presidente podría ser sancionado con una multa en el CNE, dando por sentado que sí incurrió en una irregularidad. De ahí que sea necesario una mayor precisión.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

El presidente del Consejo de Estado, Milton Chaves, rechazó ayer, de manera categórica, las acusaciones del presidente Gustavo Petro que sugieren la existencia de un golpe de Estado por parte del alto tribunal.

En una entrevista con Blu Radio, Chaves calificó de “insólito” el comentario del mandatario y subrayó que la justicia debe ser imparcial y ajustarse estrictamente a las normativas constitucionales y legales.

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El magistrado indicó que el Consejo de Estado se limita a dirimir conflictos de competencias entre entidades administrativas y aclaró que el fuero presidencial no protege al presidente de sanciones administrativas.

“Las decisiones se basan en la Constitución y la ley, y no en favoritismos. Es sorprendente que se sugiera que el Consejo de Estado esté involucrado en un golpe de Estado”, manifestó.

El consejero de Estado explicó que, en casos de irregularidades en la financiación de campañas, la autoridad para imponer multas es el CNE, mientras que el Congreso maneja la eventual pérdida del cargo presidencial.

Milton Chaves también comentó sobre la reacción de Petro, sugiriendo que es inesperada y fuera de lugar.

“Las decisiones judiciales son inherentemente imparciales y deben estar sujetas a la crítica académica, pero resulta insólito que el presidente considere estas decisiones como un golpe de Estado”, concluyó el magistrado en su declaración.

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