"La Consulta va porque va”, ha insistido el presidente Gustavo Petro desde hace varios días. Parece que ese anuncio —o “amenaza”, según dice la oposición— se va a ser realidad, por lo menos en las intenciones del Gobierno. No importa que la plenaria del Senado haya hundido la convocatoria a la consulta y que la insistencia en hacer la consulta, según expertos y la oposición, implica un ataque a la separación de los poderes públicos toda vez que el Legislativo ya se pronunció y que eventualmente el Consejo de Estado tumbaría el decreto.
Otra interpretación tiene el Gobierno. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo este martes que “nos vamos a reunir a las 3:30 de la tarde para seguir estudiando cómo es que se debe hacer el decreto. No es si se debe hacer el decreto o no, sino cómo se debe hacer. El decreto va a ir, el decreto se está estudiando y se está haciendo. Ya hay una columna vertebral de este decreto”.
Según el Ejecutivo, el pasado domingo 1 de junio venció supuestamente el plazo para que el Senado se pronunciará lo que facultaría al Gobierno para decretar el mecanismo popular.
Incluso, según conoció El Colombiano, la Consulta podría decretarse esta misma semana pues Benedetti está adelantando reuniones para blindar jurídicamente el documento. Se había hablado que se decretaría el 12, pero fuentes del alto Gobierno señalan que sería antes “si las asesorías salen bien”.
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“La posición del Gobierno sobre la consulta es insostenible”: exmagistrado Guerrero
El Colombiano consultó al exmagistrado Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Javeriana, quien considera que la posición del Gobierno respecto a la consulta popular “es insostenible”. Para el exmagistrado, “hubo una decisión del Senado, expresada por su presidente y certificada por el secretario de la corporación adversa a la Consulta”.
El jurista explica que “el presidente de la República no puede, por sí y ante sí, declarar que esa decisión es inexistente. Si considera que hay algún vicio o alguna irregularidad tendría que plantearla ante la instancia judicial competente y sólo si el juez deja sin efecto el pronunciamiento cabría buscar una salida distinta”.
Además, según la ley, es indispensable el concepto favorable del Senado para decretar una Consulta. Pero el Gobierno está convencido o eso ha dicho el presidente Petro bajo su interpretación de la ley, que sí tienen la posibilidad de decretar ese mecanismo. La oposición y otros sectores prendieron las alertas. Por ejemplo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, fue más allá y dijo: “Si ellos quieren hacerlo, nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que les tumban eso por arbitrario”.
En diálogo con este diario, Alejandro Muñoz, subdirector de la Mesa de Observación Electoral (MOE), explica que la insistencia del Gobierno en hacer una Consulta implica “el desconocimiento de la separación de las ramas del poder y un mensaje de ruptura institucional (...) desde nuestra perspectiva el Ejecutivo no tiene la posibilidad de decretar una convocatoria a consulta salvo que el Senado emita una certificación de conveniencia de ese mecanismo de participación popular”.
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