Lina Baracaldo, exinterventora del Hospital San Rafael de Leticia, denunció haber recibido amenazas tras resistirse a firmar un contrato por más de 73.000 millones de pesos para la construcción de un buque hospital en el Amazonas.
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El proyecto, impulsado por el Ministerio de Salud, involucra directamente a Beatriz Gómez, superintendente delegada de la Supersalud y esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Baracaldo explicó que fue presionada para firmar el contrato pese a que, como auxiliar de justicia designada para la intervención del hospital, contaba con independencia en sus decisiones.
Señaló que la presión vino de parte de Gómez, quien, según dijo, le exigió que firmara el contrato o renunciara. “Me dijeron que no preguntara, que solo firmara”, declaró en una entrevista con BluRadio. Luego de su salida, ordenada por el superintendente nacional de Salud, Baracaldo relató haber recibido llamadas de personas desconocidas con tono intimidante.
Por razones de seguridad, evitó revelar su ubicación actual, pero confirmó que está considerando iniciar acciones legales. “Sí considero que hubo constreñimiento ilegal. Estoy evaluando las vías jurídicas correspondientes”, afirmó.
También advirtió que forzar a un interventor a firmar un contrato sin respaldo financiero puede comprometer la autonomía de la función pública. El contrato en disputa contempla la construcción, equipamiento y traslado de un buque hospital desde Cartagena hasta Leticia.
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Inicialmente, el proyecto fue presupuestado en $55.000 millones de pesos, pero posteriormente fue ajustado a más de $73.000 millones, según la empresa Cotecmar, debido al incremento en los precios del acero. Baracaldo señaló que no había certeza sobre la financiación del proyecto, incluyendo su sostenimiento anual, que podría ascender a 18.000 millones de pesos.
“Como ordenadora del gasto, necesitaba claridad sobre la financiación total del proyecto, incluidas sus fases y el costo operativo”, explicó. Recordó que el hospital se encuentra bajo intervención por problemas financieros, lo que obliga a revisar con especial cuidado cualquier contrato que implique un alto compromiso presupuestal.
A pesar de no tener una relación jerárquica con Gómez, Baracaldo indicó que recibió múltiples comunicaciones de la superintendente delegada y su equipo. Según su relato, le exigieron que el contrato debía firmarse antes del 31 de marzo, aunque la empresa contratista extendió la cotización más allá de esa fecha.
Una llamada grabada entre Baracaldo y Gómez fue clave para que el caso se hiciera público. En el audio, revelado por el periodista Daniel Coronell, se escucha a Gómez insistiendo en que la firma del contrato debía realizarse de inmediato y advirtiendo que, de lo contrario, debía presentar su renuncia. “Ya me habían advertido que si no firmaba tenía que irme”, señaló Baracaldo.
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El caso se conoció tras la publicación de una columna de Coronell en la Revista Cambio, en la que se describen presuntas irregularidades en el proceso contractual. De acuerdo con el periodista, la gobernación del Amazonas no respaldó el plan y tampoco aprobó vigencias futuras, lo que habría impedido su ejecución.
Además, organizaciones indígenas presentaron una tutela al considerar que no fueron consultadas sobre el proyecto. La intervención de Baracaldo y el asesor jurídico del hospital, Mario Castro, incluyó advertencias sobre los riesgos del contrato. Ambos grabaron la conversación en la que Gómez insiste en la firma inmediata.
En la llamada, Gómez se refiere con dureza a los funcionarios. “Ustedes firman hoy o mañana me presentan la renuncia”, se le escucha decir. También niega que Baracaldo y Castro tuvieran competencia para frenar el proceso. Baracaldo fue reemplazada en el cargo el 1 de abril por Denis Amparo Vásquez Arias.
Hasta el momento, Beatriz Gómez no ha respondido públicamente a las nuevas denuncias. En la columna de Coronell, la funcionaria negó que la voz en el audio fuera la suya y rechazó haber amenazado a los funcionarios.
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