Las comisiones accidentales que se crearon recientemente con el propósito de analizar la conveniencia de la Conmoción Interior decretada por el presidente Gustavo Petro en el Catatumbo y varios municipios más de Norte de Santander y Cesar, a raíz de la grave situación de violencia, le dieron el visto bueno a la medida, aunque advirtieron que a través del mecanismo de control político continuarán haciendo seguimiento a las acciones anunciadas para conjurar la emergencia.

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En el caso del Senado, ayer fueron expuestas ante la plenaria las principales conclusiones del informe elaborado por los 11 congresistas que integraron la comisión y tras dejar en evidencia el difícil panorama que enfrenta esta región del país, manifestaron que la crisis humanitaria que se vive hoy en el Catatumbo amerita una intervención “urgente, oportuna y eficaz” por parte del Gobierno, mientras la Corte Constitucional, en el marco de sus funciones, se pronuncia sobre el decreto expedido por el jefe de Estado.

El senador Juan Carlos García, coordinador del equipo que elaboró el informe, fue enfático en que el Congreso de la República no es un “avalista” de estados de excepción y que el respaldo que se le da a la declaratoria de Conmoción Interior es más un reconocimiento a las comunidades del Catatumbo que están sufriendo nuevamente las duras consecuencias de la guerra.

En ese sentido, el congresista explicó que los miembros de la comisión accidental estuvieron de acuerdo, en buena medida, en que es imperativa la presencia articulada del Gobierno para direccionar las inversiones a la región y brindar apoyo efectivo a los alcaldes, al gobernador y demás entidades que han tenido que hacerle frente a esta dura crisis.

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Desde el Senado también exhortaron al presidente de la República y su equipo de trabajo a poner en marcha el llamado Pacto del Catatumbo, que se constituye en la hoja de ruta a través de la cual el Ejecutivo espera poder avanzar, ahora sí, con la transformación de esta abandonada región de Norte de Santander.

“El llamado es a que el Gobierno pueda firmar el Pacto del Catatumbo y que busque los mecanismos y las fuentes de financiación para que verdaderamente sea una realidad. El Pacto está prácticamente para firmar y ya ha empezado a vincular a las comunidades”, señaló García.

En el informe de la comisión accidental también se advierte  que es urgente garantizar el retorno seguro de la población civil en condiciones de respeto por los derechos humanos, así como proteger y reintegrar los bienes de los desplazados, recuperar el territorio en conflicto, asegurar el acompañamiento de los órganos de control y fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación.

Lo que concluyó la Cámara

Por su parte, los representantes a la Cámara que estudiaron el decreto de Conmoción radicaron ayer en la tarde el informe que contiene, además, 27 recomendaciones y el cual será  sustentado próximamente ante la plenaria.

En el documento de 127 páginas, que recoge el resultado de las audiencias públicas desarrolladas la semana pasada en Cúcuta y Bogotá, se concluye que en el Catatumbo y, en general, en Norte de Santander, se desbordó la capacidad institucional de respuesta, razón por la que, “existen los méritos necesarios, fácticos y valorativos para que se materialice una intervención integral del Estado, una deuda con este territorio que se tiene desde hace más de 30 años”.

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“La situación actual de la región, que con los días se intensifica y que deja en evidencia que las medidas ordinarias existentes en nuestro ordenamiento jurídico de los que dispone el Gobierno para tal efecto no lo permiten, evidencian la pertinencia y conveniencia de decretar un estado de excepcionalidad que permita adoptar medidas para recuperar el control del territorio y proteger la vida, integridad personal y seguridad de las comunidades que se han visto afectadas”, planteó la comisión accidental de Cámara.

En el informe se hace la salvedad de que si bien los hechos de violencia desatados en el Catatumbo habían sido alertados, en la región se configuró “un proceso acumulativo de circunstancias atroces” que ha alcanzado límites inimaginables, los cuales demandan la adopción de medidas de excepción que permitan frenar la crisis y proteger la vida, integridad y bienes de las poblaciones.

“Señalamos que el Decreto 062 de 2025 es conveniente, pertinente y necesario, como quiera que la actual crisis de orden público que sufre la región del Catatumbo no podrá contenerse a través de las medidas ordinarias de las cuales dispone el Gobierno”, dice la Cámara.

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No obstante ese aval, la comisión entregó un largo listado de recomendaciones que los representantes consideran necesario adoptar para que los decretos que se han expedido en el marco de la Conmoción Interior sean realmente efectivos.

Así, por ejemplo, sugieren, entre otros aspectos, la creación de una comisión intersectorial para la vigilancia de los recursos en Estado de Conmoción, ofrecer garantías de retorno seguro para la población desplazada en el Catatumbo y, especialmente, ponerle un responsable a la gestión de la crisis en el Catatumbo.

Gobierno, el gran ausente

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la presentación del informe que entregó ayer el Senado, es que en la plenaria no se hizo presente ningún ministro para conocer las conclusiones a las que llegó la comisión accidental.

“No hay ministros del Gobierno Petro en la plenaria donde se analiza la Conmoción Interior en el Catatumbo, ni dolientes de una crisis que era previsible y que podía haberse evitado si hubiesen escuchado a los que pedíamos darle un vuelco a la fracasada ‘Paz total’, la política antidrogas y la desfinanciación del sector”, cuestionó el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, partido de oposición.

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Desde el Centro Democrático también plantearon que la del Catatumbo no fue una crisis inesperada, sino el resultado de la inacción, la falta de liderazgo y el abandono estatal, y por eso consideraron que la declaratoria de excepcionalidad no era la solución.

“El Estado de Conmoción Interior en el Catatumbo es una confesión del fracaso de este gobierno; tenían todas las alertas y medidas, y no hicieron nada”, señaló el senador Honorio Enríquez, del uribismo.

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