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Política
Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados del gobierno de Quintero
Con pruebas aportadas por la Fiscalía y avaladas por un juez en las audiencias contra exfuncionarios del Área Metropolitana, el ente de control retomará expedientes cerrados de contratos firmados entre 2020 y 2023.
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Colprensa
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Martes, 7 de Abril de 2026

La Contraloría de Antioquia reabrirá procesos archivados relacionados con contratos firmados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante el período 2020-2023, luego de que la dirección del organismo solicitó formalmente la medida tras recibir nuevos elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación y aprobados por un juez en el marco de las audiencias adelantadas contra varios señalados de presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Daniel Quintero.

La directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Andrea Palacio, confirmó en Blu Radio que el organismo actuó como víctima en cada uno de los procesos contra la administración anterior y que ha llevado a la Contraloría las actualizaciones de las evidencias recaudadas.

"Hemos allegado a la Contraloría General las actualizaciones de las evidencias aportadas tanto por la Fiscalía como por los jueces en los procesos para que de acuerdo a las competencias ellos puedan actuar y derivar las acciones que sean correspondientes de conformidad con la apertura de los procesos que ellos consideren", declaró Palacio.


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El gran protagonista de las audiencias que se esperan reanudar es Juan David Palacio, actual director del AMVA.

Uno de los casos de mayor resonancia en torno al AMVA es la investigación por presuntos contratos irregulares entre el organismo y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, por cerca de $18.000 millones.

En febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento contra tres personas señaladas de participar en la entrega de esos contratos de forma directa.

Semanas después, uno de los procesados presentó una segunda solicitud de principio de oportunidad para colaborar con la justicia y esclarecer los hechos. En ese expediente, la Fiscalía ha argumentado la posible existencia de manipulación de facturas, cambios de valores, pagos de anticipos en efectivo y posibles acuerdos para favorecer a terceros.


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