En medio de una creciente controversia política nacional, el presidente Gustavo Petro lanzó la plataforma “Consulta Digital”, una herramienta que, según el Gobierno, busca recoger las propuestas de los ciudadanos para avanzar en las reformas sociales que no han logrado tramitarse en el Congreso.
La plataforma fue presentada oficialmente por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que “la ciudadanía tiene derecho a ser escuchada y a participar en las decisiones que afectan su vida”.
Según el alto funcionario, esta herramienta permitirá que cualquier colombiano, desde cualquier rincón del país, acceda a una plataforma abierta y dé su opinión sobre temas fundamentales como la reforma a la salud, la laboral y la pensional.
“El Gobierno no está haciendo nada que la Constitución no permita. Lo que estamos haciendo es ampliar la democracia y escuchar al pueblo”, afirmó Benedetti.
A pesar de la intención oficial de fomentar la participación ciudadana, la propuesta ha sido fuertemente cuestionada por líderes políticos de la oposición y diversos sectores académicos.
Críticas desde la oposición
Desde el Centro Democrático, el senador Miguel Uribe Turbay fue enfático. “La consulta popular es un mecanismo legítimo, pero lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro no tiene nada de legítimo. Está usando esa figura como un trampolín político para asegurar la continuidad de su proyecto ideológico”.
Uribe cuestionó que ya se esté promoviendo el “sí” a una consulta que ni siquiera ha sido formalmente radicada en el Congreso, como lo exige la Ley 1757 de 2015. Para él, “esta estrategia busca mantener al presidente en campaña permanente, polarizar al país y manipular a la ciudadanía”.
En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, afirmó que la Consulta Popular no busca mejorar la calidad de vida de los colombianos, sino. “Movilizar a los funcionarios del Gobierno Nacional en un claro proselitismo disfrazado de participación ciudadana”.
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Motoa alertó que, de aprobarse, el país entraría en “modo campaña” mucho antes de lo contemplado por la ley. También reiteró que, cuando la iniciativa llegue al Senado, su bancada votará “NO”.
La senadora María Fernanda Cabal también criticó duramente la iniciativa. “Esta consulta no es del pueblo, esta consulta es campaña para Petro. Le permitirá usar recursos que se necesitan para salud, medicamentos, hospitales, educación... Todo lo que ha destruido Petro, ahora la excusa es que no lo dejan gobernar”.
Advertencias desde el Nuevo Liberalismo
El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, coincidió en que el Gobierno está instrumentalizando la consulta como una plataforma electoral para 2026. Cuestionó el costo estimado de la iniciativa —un billón de pesos— y recordó que el país atraviesa una crisis fiscal de más de 50 billones de pesos, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal.
“Es inadmisible que se usen esos recursos para hacer campaña. Hay prioridades más urgentes, como el desabastecimiento de medicamentos”, señaló Galán.
Análisis político: ¿una táctica electoral disfrazada?
El doctor en Psicología Política de la Universidad Católica, Carlos Arias, ofreció una interpretación más amplia: la Consulta Popular es constitucional, pero —en este caso específico— está siendo utilizada como estrategia electoral.
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“El Gobierno ya está en campaña. No ha presentado la consulta al Congreso, no ha planteado las preguntas, pero ya promueve el ‘sí’. El objetivo real es medir fuerzas, posicionar líderes y preparar listas cerradas para las próximas elecciones”, indicó.
Arias subrayó que hay una diferencia entre el discurso institucional y la gestión real: el primero habla de reformas sociales; el segundo evidencia una campaña anticipada.
“Es válida la figura de la Consulta Popular, pero no puede convertirse en un instrumento de propaganda. Desde la real política, lo que vemos es una desconexión entre las promesas y la gestión pública”.
Lo que le espera a la Consulta popular
El presidente debe formular las preguntas que se someterán a votación, las cuales deben ser claras y de carácter general. Estas preguntas deben contar con la firma de todos los ministros del gabinete, como lo estipula la Ley 134 de 1994 .
Una vez definidas las preguntas y obtenidas las firmas ministeriales, el Presidente debe presentar la propuesta de Consulta Popular al Congreso. El Senado de la República es el encargado de evaluar y aprobar la convocatoria de la consulta. Para su aprobación, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Senado.
Si el Senado aprueba la convocatoria, la Registraduría Nacional del Estado Civil se encarga de organizar el proceso electoral. Esto incluye la logística de la votación y la divulgación de las preguntas a la ciudadanía.
Para que la Consulta Popular sea válida, debe alcanzar un umbral de participación del 33% del censo electoral, lo que equivale a aproximadamente 13.6 millones de votantes. Además, las preguntas deben obtener el respaldo de la mayoría simple de los votos válidos. Si se cumplen estos requisitos, los resultados de la consulta son vinculantes y deben ser implementados por las autoridades correspondientes .
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