Cinco meses se cumplen ya desde que los gobiernos de Colombia y Venezuela decidieron restablecer formalmente las relaciones entre los dos países y si bien el proceso de integración económica avanza progresivamente, hoy la expectativa de muchos colombianos que aún viven en el vecino país está puesta en el regreso del cuerpo diplomático.
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Aunque el proceso para reanudar plenamente el servicio consular del otro lado de la frontera ha sido lento, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, anunció ayer, en Cúcuta, que el Gobierno Nacional trabaja a toda marcha para reabrir los primeros consulados y dijo que es casi un hecho que entre mediados de abril y mayo se habilitarían las oficinas de Caracas, Maracaibo, San Cristóbal y San Antonio, estos dos últimos en la frontera con Colombia.
Coy, quien participó en la sesión especial que adelantó en la capital de Norte de Santander la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, dijo que ya están trabajando en los contratos de los locales, nombrando a las personas que estarán al frente de estas oficinas, las cuales, afirmó, serán parte del personal de carrera de la Cancillería.
“Esperamos poderlos poner al servicio de la ciudadanía tan pronto concluyamos esas tareas puramente administrativas, pero que han resultado más complicadas de lo que habíamos previsto en un principio”, señaló el viceministro.
El delegado del gobierno Petro sostuvo que la apuesta inicial era terminar el 2023 con las 15 sedes consulares que existían en Venezuela hasta antes de febrero de 2019 abiertas, pero que tal vez esto no sea posible, porque en este momento hay otras prioridades en materia de recursos.
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No obstante, aseguró que trabajan para que al menos la mitad de estas oficinas funcione de aquí a finales de año y fortalecer las que están ubicadas en la zona de frontera, teniendo en cuenta que buena parte de la población colombiana que reside en Venezuela se movió hacia estos lugares.
El viceministro de Relaciones Exteriores explicó que están analizando, igualmente, si es necesario abrir las mismas 15 sedes que funcionaban antes, teniendo en cuenta la reorganización que se ha venido dando por parte de la población colombiana.
“Habrá que reforzar los ocho consulados, más o menos, que están en frontera y mirar si todos los demás tienen un sentido. Eso lo estamos estudiando; hay un grupo que está mirando esto con detalle”, explicó.
Con relación a la apertura de los consulados de Venezuela en Colombia, Francisco Coy dijo que la información que tiene es que ellos también abrirán gradualmente las oficinas, pues tienen las mismas dificultades.
“Entiendo que el de Cúcuta está muy cerca de entrar en funcionamiento porque eran locales de propiedad del Gobierno. Eso va a ocurrir pronto. Lo de Bogotá es mucho más complicado, porque el local donde funcionaba fue vandalizado y tienen que partir de cero”, dijo.
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El regreso del cuerpo diplomático y consular a Venezuela era uno de los aspectos que, desde un principio, se advirtió iba a ser mucho más lento, teniendo en cuenta que desde febrero de 2019, cuando Venezuela rompió relaciones con Colombia, el gobierno de Iván Duque retiró a todo el personal vinculado a la Embajada en Caracas y a los 15 consulados que operaban en el vecino país, y que sumaban unos 89 funcionarios: 17 diplomáticos, 43 administrativos, 12 por contratación local, 13 asesores jurídicos y 4 asistentes sociales.
Que regrese la gerencia de fronteras
Durante el debate de control político que adelantó ayer en Cúcuta la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba, para hacer seguimiento a la reapertura de la frontera con Venezuela, se insistió también en la necesidad de contar nuevamente con una gerencia integral para esta zona.
La propuesta la hizo el presidente de la Comisión, Marcos Daniel Pineda García, luego de escuchar a los representantes de los diferentes sectores que participaron de la sesión especial y a los voceros del Gobierno Nacional.
“Ojalá permitan crear la figura que ustedes predeterminen, pero que sea una gerencia integral para la zona de frontera. Que exista una oferta institucional integral de todo lo que el Gobierno Nacional pueda brindarle a una ciudad como Cúcuta y a un departamento como Norte de Santander”, planteó.
El congresista anunció, igualmente, que le pedirán al Ejecutivo incluir un capítulo especial para las zonas de frontera en el Plan Nacional de Desarrollo que se estudia actualmente en el Congreso.
La senadora Córdoba coincidió en que contar con una gerencia de fronteras es una necesidad sentida en la región y por eso es una de las tareas pendientes que le quedan a la Comisión.
Aunque hasta el año pasado en la estructura del gobierno funcionaba la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante, también conocida como Gerencia de Fronteras, la Presidencia de la República anunció en octubre su eliminación, como parte del proceso de reestructuración que se ordenó, con el fin de generar un ahorro de al menos $23.000 millones en 2022 y más de $83.000 millones en 2023.
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