Mientras el presidente Gustavo Petro adelanta otro periplo internacional –esta vez en Oriente Medio–, al Congreso llegó un proyecto de ley que busca ponerle un ‘tatequieto’ a los desplazamientos al exterior de los jefes de Estado. No es un hecho aislado.

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En el caso de Petro, según cifras conocidas por El Colombiano, hasta octubre pasado había realizado 40 viajes internacionales que le costaron al erario público más de $7.870 millones. Es decir, en promedio, cada periplo al exterior del jefe de Estado ha demandado recursos por al menos $196 millones.

Por ello, el proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución y demanda ocho debates en el Parlamento– busca agregar un inciso a la Carta Política que establece que el presidente podrá viajar cada año hasta seis ocasiones sin el visto bueno del Congreso. Sin embargo, en caso de querer hacer más viajes durante ese año deberá pedir la autorización del Parlamento.

Puntualmente, se busca cambiar el artículo 196 de la Constitución, que precisa que el presidente de la República solo debe informar al Congreso acerca de sus salidas del país.

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“El presidente podrá salir del país sin previa autorización del Congreso hasta en seis ocasiones por año, contado desde el 7 de agosto de cada año del cuatrienio constitucional; a partir del séptimo viaje en el mismo período anual (del 7 de agosto de un año al 6 de agosto del año siguiente), deberá solicitar autorización al Congreso, la misma deberá ser aprobada por mayoría absoluta en cada una de las cámaras”, indica el artículo.

Adicionalmente, se establece que en cada uno de los periplos el jefe de Estado deberá presentar un informe detallado al Congreso sobre los motivos que justificaron su desplazamiento y los resultados y logros obtenidos.

De acuerdo con su autor, el representante de oposición Jhon Jairo Berrío (Centro Democrático), al regular los viajes del presidente de turno se busca que la salida “sea estrictamente necesaria”, y que también implique un beneficio real o tangible para el país.

“No vamos a permitir más derroche ni alcahuetería. El presidente fue elegido para gobernar, para resolver las problemáticas que tenemos, no para ir a conocer el mundo o intentar salvar el planeta”, reclamó Berrío, quien llamó la atención por la crisis de orden público y de gobernabilidad que enfrenta el país mientras Petro adelanta otro viaje internacional.

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“Es inconcebible que en medio de la crisis que estamos viviendo el presidente Petro esté en Dubai, como si nada pasara. Petro ha salido del país en 53 ocasiones en un poco menos de 30 meses de Gobierno. En promedio cada 15 días sale del territorio, todo esto mientras deja a la deriva el bienestar de millones de colombianos que hoy sufren el flagelo del conflicto”, agregó.

El congresista declaró que los recursos empleados para los periplos bien podrían orientarse a apoyar a la Fuerza Pública, garantizar ayudas para los más necesitados, mejoramientos de vías, viviendas, apoyo a los deportistas, becas universitarias o programas culturales.

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En el proyecto se argumenta que la idea de que el presidente deba pedir autorización después del sexto desplazamiento anual le apuesta a aumentar el control político sobre las acciones del jefe de Estado de turno en relación con sus viajes internacionales.

“La intención es tener mayor transparencia y rendición de cuentas, así como garantizar que el Congreso tenga la posibilidad de revisar y opinar sobre los desplazamientos del presidente, particularmente si tienen implicaciones para la política exterior o nacional”, señala la iniciativa.

En esa línea, se precisa que además de incrementar el control político sobre las acciones del Ejecutivo, el objetivo “es alinear a la Nación con prácticas democráticas internacionales, en las que la supervisión parlamentaria sobre los viajes presidenciales es comúnmente aplicada para salvaguardar los intereses del Estado y asegurar la continuidad en la gobernanza”.

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Además, la iniciativa buscaría hacer frente a eventuales abusos de poder y mayor responsabilidad por parte del Ejecutivo con miras a evitar “salidas injustificadas o con fines personales, lo cual podría perjudicar la imagen y la estabilidad del país”.

En el proyecto se indica que, al requerir autorización previa después de seis salidas, se introduce un mecanismo de control adicional que limita la discrecionalidad del Ejecutivo y asegura que las salidas sean objetivamente necesarias y beneficiosas para la Nación, además de poder verificar con transparencia no solo que la agenda del presidente se alinee con los intereses nacionales, sino también permite revisar gastos y fondos a utilizar en cada viaje.

“La presencia del presidente es crucial para la estabilidad y el funcionamiento continuo de la administración pública. Un requisito de autorización previa permite al Congreso evaluar no solo la justificación de la salida, sino también las medidas de contingencia necesarias para garantizar la continuidad del gobierno. Esto se traduce en un manejo más responsable y organizado de la gestión pública”, agrega. 

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Se citan además otros casos como el de México, donde el presidente debe solicitar permiso del Parlamento si el viaje es mayor a siete días, o Venezuela, donde el presidente debe tener autorización de la Asamblea Nacional para ausentarse del país por más de cinco días consecutivos. En Argentina, por otro lado, sí es necesario el visto bueno del Parlamento sin importar el número de días, así como en Perú o en Chile (en ciertas circunstancias).

“Esta medida no solo es viable, sino que es una práctica común en democracias que valoran la supervisión legislativa como una herramienta esencial para el equilibrio de poderes. Esta modificación asegurará que las salidas del presidente sean justificadas, alineadas con los intereses nacionales y realizadas con la corresponsabilidad y participación del Congreso, garantizando así una gobernabilidad más equilibrada y efectiva para el país”, concluye el proyecto.

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