Las frecuentes fallas en la prestación del servicio oportuno y de calidad a los habitantes de la provincia de Ocaña por la EPS Coosalud obligan a los alcaldes a lanzar un S.O.S. ante el ministerio de Salud.

Los mandatarios de los municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa de Belén y San Calixto, enviaron un comunicado al ministerio del ramo y a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando control efectivo a esa empresa que no cuenta con la capacidad resolutiva ante el gran número de afiliados.
 
Las constantes quejas de los usuarios, las cuales superan las 800, tramitadas ante el Sistema de Atención al Ciudadano, están relacionadas con la falta de asignación de citas, retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en la autorización de remisiones entre otras inconformidades, que se traducen en mal servicio.

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Esta zona del departamento Norte de Santander, tiene 60.652 usuarios, de los cuales 22.574 son ocañeros y los otros asentados en el resto de los municipios lo que hace más precaria la atención.
 
En San Calixto son 3.685, Ábrego más de 20.000 usuarios, El Carmen 892, Hacarí 6.400 y La Playa de Belén 6.904, abarcando una gran población de la zona rural.
 
A lo anterior, se suma la deuda de la ya mencionada Empresa Prestadora del Servicio de Salud con el hospital regional Emiro Quintero Cañizares, la cual supera los cinco mil millones de pesos. Los directivos se unen a la petición de los gobernantes locales y a los representes del Ministerio Público. 

En nombre de las comunidades que representan, los funcionarios esperan que el Gobierno nacional se apersone de esta situación y tome medidas correctivas frente a este accionar que pone en riesgo la salud e incluso la vida de los habitantes de Ocaña y la región. 

Urge una intervención 

El alcalde del municipio de Hacarí, Robeiro Muñoz, censuró el pésimo servicio en una región olvidada por el Estado.
 
“Es un tema bastante complejo y los recursos correspondientes a los entes territoriales se les ha girado, sin embargo, la EPS no presta los servicios asistenciales debido a las deudas pendientes con el hospital. Eso afecta de manera grave un derecho fundamental”, indica.
 
Denuncia la manera como se niegan citas con especialistas a los campesinos de las diferentes veredas durante todo el año. “Ha sido reiterativo y la gente no aguanta más tanto incumplimiento violando la Ley estatutaria de salud”, indica el abogado.
 
Explica que el servicio debe ser continuo, ininterrumpido y oportuno. La EPS argumenta un tema presupuestal y técnico que afecta a la gente de la zona rural, pero eso no es excusa. En Hacarí, hay 6 mil 400 usuarios del régimen contributivo y subsidiado.  

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El presidente de la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Emiro Cañizares, aseguró que la situación es bastante crítica y se requiere una intervención urgente.
 
La situación la conoce el Instituto Departamental de Salud, la Defensoría Regional del Pueblo y la personería, pues en el caso de Ocaña se han girado más de 19 mil millones de pesos y no es justo que se presenten esas falencias, recalcó el mandatario.
 
“El Estado tiene que actuar, que venga a la región para verificar la situación”, agregó.
 
Al Defensor Regional del Pueblo, Evert Jesús Pallares, le preocupa el gran número de quejas y activa la ruta de protección.
 
“Hay unos fallos donde ordenan la atención, pero aducen problemas presupuestales para saldar algunas elevadas deudas con el centro asistencial. 

El subgerente científico hospital, Holger Santos, calificó como crítica la situación debido a la mala prestación del servicio en esta zona del país.

“Queremos pronta solución porque se están perdiendo más de 5.000 millones de pesos que no quiere reconocer la EPS”, recalcó. El centro asistencial solo atiende las urgencias comunes, madres gestantes y adultos mayores para no generar el traumatismo.

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