Un cúmulo de quejas y reclamos recibe la Liga del consumidor y el Comité Central de Veedores ante la prestación de los servicios públicos y la atención de pacientes en el municipio de Ocaña.
El escalafón de inconformismo lo encabeza la atención de los servicios de salud, ya que los usuarios están molestos por la carencia de medicamentos y citas a especialistas de las EPS. Exigen la intervención inmediata de la Superintendencia de Salud para remediar la situación.
A esto le siguen en su orden los reclamos en materia de servicios públicos domiciliarios debido a las altas tarifas de los últimos meses y el cobro de la reconexión a los morosos.
Un caso particular corresponde a 1.800 campesinos que pagan el alumbrado público sin percibir esos beneficios en las veredas. En el Concejo municipal cursa una iniciativa para el desmonte de ese impuesto del 10 por ciento en aquellos suscriptores afectados con esa sobretasa.
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La invasión del espacio público, la competencia del transporte informal, el deterioro de la malla vial, alzas de los combustibles, remoción de tierras en zonas de alto riesgo, la contaminación ambiental y las extorsiones hacen parte del ranking de quejas en Ocaña.
El dolor de cabeza
El tesorero de la Liga del consumidor y presidente del Comité Central de Veedurías de los servicios públicos, Efraín Serrano Neira, instauró los denuncios ante las entidades pertinentes para defender los derechos de los usuarios.
El punto más álgido es en materia de salud ya que las farmacias de las EPS no despachan a tiempo los medicamentos para enfermedades de alta complejidad y demoran mucho las remisiones a citas con especialistas.
“Deben madrugar para obtener cupos y acceder a la droga como si se tratase de una limosna y lo peor del caso son los traslados hacia otras ciudades en lo que se ha denominado el paseo de la muerte. Eso es injusto, después de haber cotizado durante muchos años”, aclaró.
Ante esa situación el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano hizo seguimiento y solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para solventar la problemática.
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Igualmente, el director del Instituto Departamental de Salud, Fernando Augusto Álvarez García, ordenó la inspección a cada una de las EPS para que cumplan con los términos de referencia.
De lado de la gente
En segundo lugar, aparecen los servicios públicos domiciliarios ya que tocan el bolsillo de los usuarios de estratos de bajos recursos económicos.
La mayoría de las quejas están relacionadas con los cobros de una antigua deuda durante la pandemia y ahora se hace efectiva, incrementando el valor de la factura.
“Con el personero estamos adelantando las diligencias para derogar esa resolución y solicitar la revisión de esos conceptos. Hay familias pobres que escasamente ganan para comer y no pueden pagar esa plata”, agregó.
La firma Metrogas explicó a los usuarios que esos cobros están debidamente autorizados a nivel nacional y únicamente se hará durante el presente año para nivelar la balanza.
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“Estamos unidos, de lado de las comunidades para que el tratamiento sea equitativo, sin atropellar a las personas”, anota el tesorero de la Liga del Consumidor, Serrano Neira.
Subsidios para los estratos I y II
Una de las exigencias de estricto cumplimiento es otorgar subsidios de agua potable a los estratos I y II, sin embargo, en Ocaña se estaba cumpliendo a medias esa disposición.
La Contraloría General de la Nación le llamó la atención al alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, que de inmediato formuló un proyecto de acuerdo para bajar esos subsidios para que la plata alcance para incluir a los 32.000 usuarios de la Empresa de Servicios Públicos. En la actualidad se reconoce a 14.000 usuarios, violando le Ley. El fiscal del Comité Central de Veedores, Efraín Serrano Neira, espera que los concejales aprueben la iniciativa para equiparar los subsidios y evitar demandas posteriores.
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La Superintendencia de Servicios Públicos, en proceso de transición, recomendó sustentar los denuncios con soportes de los casos puntuales, en primera instancia ante la empresa. Transcurrido los tiempos pueden incurrir en el silencio administrativo y de ahí en adelante interponer la queja a nivel nacional.
Electrocutados con los recibos
El pago de los recibos de la energía mantiene en vilo a los abonados de Centrales Eléctricas de Norte de Santander en Ocaña. Aseguran que las tarifas se duplicaron y mes a mes deben pagar cifras exorbitantes a pesar de instalar bombillos ahorradores de energía. La respuesta de la empresa es el incremento del valor de kilovatio y se deben emprender mecanismos para evitar los altos consumos.
“No estamos en condiciones de pagar el servicio de alumbrado público en aquellos sectores donde la iluminación es deficiente, pero a cambio en el recibo nos cobran ese subsidio. Lo mismo ocurre con la zona rural”, reiteró.
La reestructuración de pasivos
La gran expectativa en Ocaña consiste en el pago de las deudas laborales y contractuales de la administración municipal.
La implementación de la Ley 550 de intervención económica abre las puertas para saldar ese pasivo y aliviar la profunda crisis financiera que supera los 38.000 millones de pesos.
Los 147 pensionados esperan los ajustes y se normalice la situación. Entre las quejas también aparecen el estado de las vías de acceso a algunos barrios, las alzas en los combustibles, la constante invasión del espacio público y la competencia del transporte informal que puede llevan a la quiebra a las empresas legalmente constituidas.
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Un capítulo especial amerita los casos de extorsión por grupos delincuenciales hacia los comerciantes de la región quienes solicitan a las autoridades extremar las medidas de seguridad.
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