El meollo de la discordia
Sánchez Mejía, quien también era el anterior presidente de la Asociación, señala que la ley es muy clara, destacando que se debía hacer una asamblea preparatoria 30 días calendario antes de las elecciones.
“Me pasan la solicitud y convoco a los antiguos delegados, excepto a nuevos dignatarios ya que no estaban posesionados a la fecha, para el 29 de junio del presente año a las 7:00 de la noche en el Centro de Convivencia Ciudadana. Sin embargo, no hubo quorum, ni se levantó un acta”, explica.
Precisó que de los 400 líderes comunales solo asistieron 46 y se requería una presencia mínima del 50 por ciento más uno. “Ante esa situación, el coordinador de la Oficina de Desarrollo Comunitario, Félix María Rojas Vega, de manera arbitraria y violando la ley procede a escoger el tribunal de garantías a dedo y lo más grave se lleva el libro para la alcaldía, cuando es un ente ajeno a ese proceso”, dice Sánchez.
Denuncia la manera como el funcionario procede a convocar a una asamblea extraordinaria en el Instituto de Cultura y Bellas Artes el 15 de julio, a la cual no asistió, ya que los términos no daban para realizar las elecciones. “Yo los invito a que lean la ley y no cometan esos errores donde a ‘pupitrazo limpio’ sin el lleno de los requisitos cierran el libro y no permiten la posibilidad de participar a los antiguos comunales reelegidos”, agregó.
Censura además la actitud del personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, quien procedió a romper las urnas y las dejó abiertas durante todo el proceso.
Asimismo, anexa el denuncio de la presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Mercedes sobre una posible falsedad en documentos públicos con las firmas de algunos integrantes de la plancha y no se suspendieron las elecciones.
Asegura que ganó por amplia mayoría la plancha de la maquinaria con el apoyo de la administración municipal para el manejo de los convenios solidarios.
El abogado asesora a los presidentes de Juntas inconformes para impugnar el proceso ante la Secretaría de Desarrollo Social de Norte de Santander y en segunda instancia acudirán al Ministerio del Interior.