El flagelo de la extorsión está latente entre los comerciantes de la provincia de Ocaña, sur del departamento del Cesar y zona del Catatumbo donde históricamente han pagado una alta cuota como consecuencia del proceso de descomposición social de los últimos años.
El secretario de Gobierno del municipio de Ocaña Freddy Arengas Romero, conjuntamente con los grupos Gaula de la Policía nacional y el Ejército colombiano activó las alertas tempranas para poner a buen recaudo a los responsables.
Luego de un seguimiento se determinó que los delincuentes están realizando llamadas extorsivas desde las cárceles, intimidando a comerciantes de esta zona de país.
“Utilizan diferentes números para comunicarse con los propietarios de establecimiento comerciales identificándose como integrantes de un grupo armado al margen de la ley, haciendo exigencias de dinero. Además, intimidan a los incumplidos con el abandono de la región”, asegura Arengas quien recomienda medidas especiales para no caer en la trampa.
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En su mayoría son personas que conocen la región y por distintas circunstancias se encuentran purgando penas en las cárceles colombianas.
Falso servicio
Los delincuentes aprovechan toda ocasión y durante la celebración del día del padre las autoridades detectan una serie de mecanismos para estafar a la ciudadanía.
En la modalidad de falsos servicios llaman a las víctimas y los citan en los corregimientos de Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen y Aguas Claras en donde se pierde la señal, retienen a la persona y proceden a solicitar grandes sumas de dinero por la liberación.
Debido a la angustia e incertidumbre los familiares cercanos proceden a efectuar las transferencias a las cuentas bancarias bajo el sistema de Nequi para evitar represalias.
Efectivos de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal tanto de la Policía nacional como del ejército de la policía adelantan el proceso de la triangulación de llamadas para castigar ejemplarmente a los delincuentes.
Aconsejan a los comerciantes no acceder a las exigencias, abstenerse de consignar dinero y poner en conocimiento de las autoridades esa anomalía para frenar el fenómeno de la extorsión en esta región del país.
A través del número telefónico 310 826 34 36 envían mensajes de textos y llamadas desde el 311 437 8789 y 314 668 9470 donde se hacen pasar como integrantes de grupos armados.
Se adelanta el seguimiento para establecer quiénes están detrás de esas intimidaciones y continuar con los procesos penales a que haya lugar. Trascendió a este medio que las llamadas frecuentes salen desde los centros penitenciarios de alta y mediana seguridad de Valledupar, Cómbita, Boyacá y Palo Gordo de Bucaramanga.
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Los reclusos sorprendidos en esas prácticas corren el riesgo del aumento de penas y el traslado a otras cárceles, indican expertos del Gaula, dispuestos las 24 horas del día para recibir el denuncio correspondiente a la línea abreviada única de emergencia 165.
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