Un nuevo capítulo se escribe en la polémica suscitada en Ocaña por el proceso de licitación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
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Integrantes del Comité Cívico adelantan la recolección de firmas para una acción popular con el fin de frenar la concesión del agua.
Los ánimos están caldeados, mientras los concejales conceden facultades al alcalde, los líderes sociales consideran que es un error entregar esos servicios a los particulares.
En la recta final, el actual mandatario, Samir Casadiego, señala que es la única alternativa retomar los activos y convocar a una licitación como lo exige el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
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Los líderes sociales califican como un atropello y emprenden las acciones jurídicas para evitar la privatización del acueducto y alcantarillado.
No dan el brazo a torcer
El presidente del Comité Cívico por el rescate del acueducto, abogado Silvano Calvo promueve la firmatón para la convocatoria de un referéndum derogatorio que defina si la ciudadanía quiere la concesión o no de las aguas. Instó a la gente a plasmar la firma durante junio.
“Si cumplimos la meta de 8 mil 725 firmas la Registraduría verificará la autenticidad de los documentos y la financiación. Posteriormente habrá un control de constitucionalidad previo que hace el Tribunal Administrativo de Norte de Santander si el mecanismo de participación popular es procedente o no para tumbar un acuerdo. “Después de eso la Registraduría tendría 30 días, para convocar a elecciones donde la ciudadanía determine sí o no derogar el acuerdo 09 del Concejo aprobado en octubre del año pasado donde otorgan facultades al alcalde para concesionar los servicios públicos”, agregó.
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Casadiego Sanjuán manifestó que existe un fallo del Tribunal Administrativo donde obligan a efectuar el proceso de lo contrario vendrán las sanciones.
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