La Contraloría General de la República (CGR) concluyó 7 Actuaciones Especiales de Fiscalización donde evaluó la gestión de los Planes Departamentales de Agua (PDA) de igual número de departamentos, encontrando 88 hallazgos administrativos, de los cuales 32 son de carácter fiscal por $7.441 millones, 80 con incidencia disciplinaria y 2 de carácter penal.
Fueron auditados los PDA correspondientes a los departamentos de Antioquia, Boyacá, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Tolima, Vichada y Norte de Santander, en lo correspondiente a las vigencias 2019 y 2020, y en el caso de Vaupés estas mismas y además la de 2018.
Para el caso de Norte de Santander, la Contraloría constituyó hallazgos administrativos en 3 contratos de obra pública, “todos con presunta incidencia disciplinaria, 1 de connotación penal y 1 de carácter fiscal en cuantía de $613.516.876”.
El máximo órgano de control fiscal determinó que, de los 5 contratos de obra auditados, todos presentaban en su ejecución deficiencias constructivas derivadas de falencias en la planeación de los proyectos que los originaron, entre ellas, escasa gestión predial, retrasos en la ejecución, estudios y diseños deficientes, ausencia de permisos y ampliación de la concesión de aguas para consumo humano.
“Todos estos contratos se encontraban en estado de suspensión al inicio de esta actuación de fiscalización por parte de la CGR, pero 4 de ellos reiniciaron su ejecución luego de iniciado este proceso auditor”, indicó la Contraloría a través de un comunicado de prensa.
En cuanto a la gestión de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander, la CGR identificó incumplimiento de objetos contractuales, deficiencias en el perfeccionamiento de contratos y en la planeación de proyectos de inversión.
Como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización, la Contraloría configuró 8 hallazgos administrativos, todos con presunta incidencia disciplinaria, 1 con presunta incidencia penal y fiscal en cuantía de $613.516.876, y un beneficio de auditoría por $1.389.239.077,25.
El hallazgo fiscal por $613.516.876 corresponde al contrato de obra N° 011 de 2014 que tiene presunta incidencia fiscal, penal y disciplinaria y se refiere a la obra del colector Villa Cristina, que después de 7 años de construido no ha sido puesto en funcionamiento por cuanto no se ha conectado con el emisario del alcantarillado del municipio de Pamplona, por falta de permisos de autoridades administrativas.