Un grupo de abogados venezolanos en el exilio pidió formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos abrir una investigación penal contra Nicolás Maduro por tortura, un delito que en la legislación estadounidense puede acarrear cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se demuestra que las víctimas fallecieron como consecuencia de esos abusos.

La solicitud fue introducida el 4 de enero, un día después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses. La presencia de Maduro en territorio norteamericano fue la condición necesaria para que activaran la jurisdicción prevista en el Estatuto Federal contra la Tortura.

«En Estados Unidos, este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí», explicó el abogado Kelvi Zambrano, quien lidera la iniciativa junto a José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado.

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La acción no se sumará al caso que ya cursa en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Nicolás Maduro enfrenta cuatro casos por supuesto narcotráfico. Este es un caso distinto y más delicado.

«Procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio», afirmó el abogado Zambrano en conversación con Tal Cual.

La base legal es el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 2340A (18 U.S.C. § 2340A), incorporado en 1994 tras la ratificación de la Convención contra la Tortura. La norma establece: «Quienquiera que fuera de los Estados Unidos cometa o intente cometer tortura será multado bajo este título o encarcelado por no más de 20 años, o ambas cosas, y si la muerte resulta de una conducta prohibida por esta subsección, será castigado con la muerte o encarcelado por cualquier período de años o de por vida».

Para Zambrano, el alcance es claro: «Si de los actos de tortura resulta la muerte de la víctima, la ley permite cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Nosotros estamos procurando que se aplique la máxima pena que establece el estatuto».

El abogado sostiene que en Venezuela «muchas personas murieron bajo custodia del Estado como consecuencia de torturas», lo que, a su juicio, encajaría en el supuesto agravado previsto en la legislación estadounidense. 

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), donde la tortura debe probarse como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, en el sistema federal estadounidense solo hace falta un caso.

«Aquí no hace falta demostrar sistematicidad, ni generalidad. Basta con que exista una sola víctima que pruebe que fue torturada bajo el color de la ley para que el Departamento de Justicia esté obligado a investigar», especificó.

La solicitud está respaldada por informes del Departamento de Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que han documentado patrones de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas en Venezuela.

El precedente: caso Gambia

El antecedente en el que se apoyan los abogados es prácticamente único en la historia judicial estadounidense. En 2025, un jurado federal en Colorado condenó a Michael Sang Correa, exintegrante de la unidad paramilitar conocida como «Junglers» en Gambia, por actos de tortura cometidos en 2006 contra personas acusadas de participar en un intento de golpe de Estado.

Correa fue procesado bajo el mismo estatuto federal contra la tortura —18 U.S.C. § 2340A— luego de ser identificado en territorio de EE.UU. Su caso marcó un hito: fue la primera vez que un tribunal federal aplicó de manera efectiva la jurisdicción prevista en esa ley contra un ciudadano extranjero por hechos ocurridos fuera de Estados Unidos.

En agosto de 2025, la corte sentenció a Michael Sang a 810 meses de prisión, equivalentes a 67 años y medio de cárcel. La condena envió un mensaje claro: la presencia del acusado en territorio estadounidense activa la competencia federal, incluso si los crímenes ocurrieron en otro continente y las víctimas no son estadounidenses.

Para los abogados venezolanos, ese precedente demuestra que la herramienta legal no es simbólica. «Ese es el único caso en la historia moderna de Estados Unidos en el que se ha aplicado este estatuto contra un extranjero por tortura cometida fuera del país. Si el Departamento de Justicia decide avanzar, estaríamos ante el primer caso en que se intenta aplicar esta norma a un exjefe de Estado«, sostuvo Zambrano.

El contraste no es menor: si en el caso de Correa la sentencia alcanzó casi siete décadas de prisión, el propio estatuto prevé penas aún más severas, incluida cadena perpetua o pena de muerte, cuando la tortura causa la muerte de la víctima.

Argentina pide extraditar a Maduro

El movimiento legal coincide con la causa abierta en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que investiga a Maduro por crímenes de lesa humanidad incluso sin que se encuentre en territorio argentino. 

La diferencia entre ambos casos es sustancial: Argentina puede avanzar en ausencia y procesar un abanico más amplio de delitos internacionales; Estados Unidos solo puede hacerlo por tortura y únicamente si el acusado está en su territorio.

Los procesos podrían correr simultáneamente: los cargos en Nueva York, si el Departamento de Justicia de Estados Unidos decide abrir la investigación por tortura, y también la solicitud de extradición de Argentina contra Nicolás Maduro.

No hay plazos para que el Departamento de Justicia responda a la solicitud de investigación por tortura: «No existe un tiempo determinado. Puede tardar meses. En un caso anterior que presentamos contra un coronel venezolano en Miami, pasó aproximadamente un año antes de que nos contactara un agente federal», explicó Zambrano.

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Si la investigación se abre, el caso dejaría de ser solo un proceso por narcotráfico para convertirse en algo políticamente más devastador: un juicio en Estados Unidos por tortura bajo jurisdicción universal.

Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas militares estadounidenses y trasladado a Nueva York ese mismo día. También fue detenida su esposa, Cilia Flores.

Fueron presentados ante un juez el 5 de enero y Maduro se declaró inocente de los cuatro delitos relacionados con narcoterrorismo: «Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país», dijo en la Corte. Cilia Flores también se declaró no culpable.

Maduro y Flores deberán comparecer ante el tribunal federal de Nueva York el próximo 26 de marzo.

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