El historial judicial de Alex Saab en Estados Unidos se centra en una acusación federal presentada en 2019 que lo señaló como el presunto cerebro de una red de lavado de activos.
El expediente, radicado en la Corte del Distrito Sur de Florida, documentó que el empresario y su socio habrían transferido aproximadamente 350 millones de dólares fuera de Venezuela hacia cuentas en el extranjero, incluidas algunas en territorio estadounidense, bajo la apariencia de negocios legítimos.
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La acusación formal de la justicia norteamericana sostuvo que Saab utilizó el sistema de control cambiario venezolano para obtener dólares a tasas preferenciales. Según los fiscales federales, este esquema se sustentó en el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurar contratos relacionados con la construcción de viviendas de interés social.
El documento judicial detalló que las transacciones ocurrieron entre 2011 y 2015. Aunque inicialmente se le imputaron ocho cargos, siete fueron desestimados en 2021 como parte de una garantía diplomática ofrecida a Cabo Verde para facilitar su extradición. Sin embargo, el cargo principal de conspiración para cometer lavado de dinero se mantuvo vigente durante todo su proceso de reclusión en Miami.
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El proceso legal estuvo marcado por una prolongada batalla diplomática y jurídica que comenzó el 12 de junio de 2020. Saab fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde durante una escala técnica mientras viajaba hacia Irán.
Su defensa alegó inmunidad diplomática bajo el argumento de que actuaba como enviado especial del gobierno de Nicolás Maduro. Tras más de un año de recursos legales y detención en el archipiélago africano, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde autorizó su entrega a Estados Unidos, la cual se materializó en octubre de 2021.
El capítulo judicial de Saab en prisiones estadounidenses concluyó por una decisión política de la administración de Joe Biden. En diciembre de 2023, la Casa Blanca otorgó un indulto presidencial al empresario como parte de un acuerdo bilateral para lograr la liberación de diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la entrega del contratista militar Leonard Francis.
El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia explicó en su momento que la liberación respondió a intereses de política exterior y no a una desestimación de la evidencia recolectada sobre las operaciones financieras de Saab.
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