El juez Alvin Hellerstein ordenó que las pruebas entregadas por la fiscalía para el proceso contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores no se compartan con ninguno de los coacusados que permanecen «prófugos» en la causa por narcoterrorismo que se les sigue en este caso, en rechazo a una solicitud previa de los abogados de la pareja.
La decisión se produjo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El magistrado modificó de forma tajante el párrafo 13 de la orden de protección del material probatorio, explicó el abogado internacionalista Nizar El Fakih.
El texto quedó redactado de la siguiente manera: “El material de divulgación no podrá compartirse con ningún acusado mencionado que aún no haya sido detenido en esta causa, ni con el abogado de dicho acusado. No es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa”.
Con esta resolución, el juez impide que Nicolás Maduro y Cilia Flores entreguen la evidencia sensible a figuras como Diosdado Cabello, Nicolás Maduro Guerra y otros altos funcionarios venezolanos acusados que todavía no comparecen ante la justicia estadounidense.
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Contexto del caso
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro, Cilia Flores y más de una docena de altos dirigentes del gobierno venezolano de integrar una organización criminal conocida como el Cartel de los Soles.
Según la fiscalía, esta estructura usó el poder del Estado para importar y distribuir toneladas de cocaína hacia Estados Unidos entre 1999 y 2024, en alianza con la guerrilla colombiana de las FARC.
Maduro y Flores se encuentran actualmente bajo proceso en Nueva York. La mayoría de los demás acusados permanecen en Venezuela o en paradero desconocido.
La fiscalía solicitó una protección estricta de las pruebas para evitar filtraciones que pongan en riesgo a testigos cooperantes o permitan la destrucción de evidencia. La defensa de la pareja presidencial pidió autorización para compartir el material probatorio con los demás imputados, bajo supuestas medidas de confidencialidad.
El juez negó esa petición de manera rotunda. Esta decisión representa un revés significativo para la estrategia de la defensa y fortalece la posición de los fiscales, quienes insisten en mantener el material bajo control para preservar la integridad del juicio.
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