El popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inicia un segundo mandato este sábado con un poder casi absoluto y sin oposición, pero confrontado al desafío de mantener la seguridad en el país y lograr la prosperidad económica que prometió.
Bukele, un milenial de 42 años, prestará juramento en una ceremonia que comenzó a las 8:00 a.m. hora local, en el centro histórico de San Salvador, a cuya plaza fueron convocados sus simpatizantes.
Este expublicista de ascendencia palestina emprende otro mandato de cinco años tras pulverizar a la oposición y obtener un histórico 85% de votos en las elecciones de febrero, donde también ganó casi todo el Congreso (54 de 60 escaños).
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Asiduo en las redes sociales donde se ríe de quienes le llaman “dictador”, tiene a su favor el resto de poderes estatales, incluidos magistrados que le permitieron buscar la reelección pese a estar prohibida en la Constitución.
Tendrá aún más poder porque los diputados aprobaron recientemente una reforma que le facilitará hacer cambios constitucionales, incluso, según analistas, habilitar la reelección indefinida.
“Avanzó con una velocidad alarmante en eliminar frenos y contrapesos esenciales para una democracia, que le permitió, entre otras cosas, su reelección (...). Es difícil pensar que el propio Bukele vaya a desandar sus medidas autoritarias”, afirmó a la AFP Tamara Taraciuk, del centro de análisis Diálogo Interamericano.
El costo de la seguridad
En una América Latina azotada por la violencia criminal, Bukele es el presidente más popular, según una encuesta regional, gracias a sus políticas de “mano dura” contra las pandillas, que varios gobernantes, como Daniel Noboa (Ecuador) y Xiomara Castro (Honduras), han tratado de emular.
Ambos asisten a la investidura, igual que el presidente Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Chaves (Costa Rica), y el rey Felipe de España, entre otros. Pero los foco están sobre el argentino Javier Milei, con quien Bukele comparte su simpatía hacia el expresidente estadounidense Donald Trump, la agenda conservadora y el gusto por los golpes de efecto.
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Bukele asegura haber sanado al país del “cáncer” de las pandillas, a las que declaró la “guerra” y construyó una megacárcel: desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción que deja 80.000 detenidos sin orden judicial.
Human Rights Watch y Aministía Internacional denuncian muertes, torturas y detenciones arbitrarias. Casi 8.000 han sido liberados, miles por ser inocentes.
El costo de la seguridad la paga “la población detenida injustamente”, resume el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
Para Bukele, que llegó al poder en 2019 con un 53% de votos, su reciente triunfo arrollador muestra que los salvadoreños quieren seguir bajo el régimen de excepción.
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